Bilbao - Recién asumido el cargo de Aldezle, el nuevo defensor de los derechos de la comunidad universitaria avanzaba ayer algunas de las preocupaciones, retos y necesidades a las que deberá hacer frente durante su mandato, como la protección de los datos personales, la atención a la discapacidad y mantener el pulso a otros como extender la participación, la democracia, los derechos culturales, los derechos lingüísticos, la normalización del euskera, los Derechos Humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de otros colectivos,... “Hemos de superar las discriminaciones en la universidad, incluso las más sutiles”, subrayaba Iñigo Urrutia (Maruri-Jatabe, 1966) en su discurso de investidura.

El doctor en Derecho y profesor agregado de Derecho Administrativo de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU logró una amplía mayoría, sin votos en contra. En la sesión extraordinaria del Claustro celebrada ayer, en la que se reunieron 124 claustrales, se efectuó la votación para su elección con el siguiente resultado: 108 votos favorable, 13 en blanco y 3 abstenciones. Será el segundo Aldezle de la UPV/EHU y sustituirá en el cargo a Itziar Etxebarria, catedrática de Psicología Básica y primera persona que ocupó el cargo desde diciembre de 2011.

Urrutia también hizo mención a las consecuencias sobrevenidas en la comunidad universitaria tras las últimas reformas normativas, dictadas en un contexto de crisis económica. “Han impactado sobre la Universidad con evidentes consecuencias negativas en lo social, en lo laboral y en la carrera universitaria, así como en el propio servicio público universitario y especialmente en la Universidad Pública”, apostillaba el Aldezle.

Al mismo tiempo, agregaba, los estándares del servicio público educativo son cada vez más exigentes, con sistemas de acreditación de titulaciones y de profesorado cada vez más rigurosos, cambios en las formas de actuar, burocratización, etc. “y todo ello, claro está, bajo el principio de coste cero”.

A juicio del Aldezle, en este escenario se corre el peligro de que disminuya la calidad de la actividad universitaria. Por eso, el mismo Urrutia asumía que tendrá que esforzarse por dar respuesta, en la medida de sus posibilidades, “a esas cuestiones e incertidumbres y tratar de canalizar las tensiones que de ello puedan derivarse”. “La universidad debe dar respuesta a estas dos ideas, servicio público y derecho a la enseñanza, y debe hacerlo de forma igualitaria, libre, teniendo en cuenta su función en una sociedad como la que vivimos”, refrendaba.