Iruñea - El Parlamento Navarro dio ayer otro paso más en el proceso para modificar parcialmente la Ley Foral del Vascuence que puede concluir con la inclusión de 43 ayuntamientos de la actual zona no vascófona en la zona mixta, espacio que se caracteriza por un mayor abanico de posibilidades y derechos para el uso público de esa lengua, pero sin los requisitos más exigentes de la zona vascófona.

Los cuatro partidos que cuentan con la mayoría en la Cámara presentaron ayer una enmienda en la que se completa la docena de pueblos que inicialmente pidieron ese cambio hasta llegar a un total de 43, un 28% de las localidades que actualmente están en la zona mixta y que acogen a casi 40.000 habitantes. Las enmiendas se debatirán en comisión el día 24 de mayo y en pleno, posiblemente a principios de junio. Aunque el grueso de las peticiones han ido en ese sentido, también se registraron dos peticiones diferentes: una, desde Atez, para pasar de la zona mixta a la vascófona; y otra, desde la Cendea de Cizur (en este caso canalizada por UPN) para realizar el camino inverso, pese al rechazo de 7 de los 8 concejos del municipio. La actual correlación de fuerzas parlamentarias hace prever que sólo los dos primeros movimientos saldrán adelante aunque habrá que esperar al debate y votación en comisión (donde quizá entren in voce las solicitudes de Genevilla y Nazar) y en pleno. Había una tercera iniciativa tardía en Ayegi, pero el pleno la rechazó y se remitió a un referéndum que complica su tramitación por lo que el techo estaría en 45 localidades.

El resultado no es desdeñable ya que estos ayuntamientos suponen el 28% de los situados actualmente en la zona no vascófona. Así, de los 272 ayuntamientos de Nafarroa, a día de hoy 63 están situados en la zona vascófona, 55 en la zona mixta y 154 en zona no vascófona. La Ley Foral del Vascuence aprobada ahora hace 30 años establecía esta zonificación que había sufrido otras dos actualizaciones en 2010 (con la inclusión de Aranguren, Galar y Belascoain en la zona mixta ya que Noain no ejecutó esta opción) y en 2015, con la extensión opcional del modelo D a toda Nafarroa. La población de los ayuntamientos que han solicitado el cambio asciende, según el padrón de 2016, a 38.771 personas, es decir, el 6,05% de la población total. Una gran mayoría de municipios proceden de Tierra Estella (espacio del que surgió hace meses una iniciativa municipal que ha tenido un efecto dominó casi viral), aunque también se han sumado localidades importantes por población de la Zona Media como Olite, Tafalla y, un poco más allá, como Sangüesa o Aibar.

El mecanismo de la petición siempre ha sido el mismo. El pleno del ayuntamiento aprobaba una moción pidiendo este cambio en la ley (en algunos casos se solicitaba también el fin de la zonificación) que era enviado oficialmente al Parlamento y al Gobierno de Nafarroa (Euskarabidea) así como a otros pueblos cercanos que hacían lo mismo. El Parlamento cogió este guante en una primera instancia con una proposición de ley por parte del cuatripartito que incluía una docena de pueblos en el artículo correspondiente de la ley (la norma establecer una lista nominal) aunque luego, una vez presentada para su tramitación, han seguido llegando solicitudes que han tenido que ser recogidas vía enmienda.

No obstante, no todos los grupos han estado de acuerdo ya que con distintos matices tanto UPN como el PPN y el PSN se han mostrado contrarios a este procedimiento de actualización de la LFV, postura que se ha materializado ahora también en sendas enmiendas en los dos primeros casos (el PPN pidiendo dejar la ley como estaba y UPN restringiéndola al sacar a Cizur Menor de la zona mixta, cuyo pleno ha votado en ese sentido) ya que el PSN no ha registrado ninguna enmienda de momento aunque ya adelantó en su día su posición política crítica.

Geroa Bai. Martínez contextualizó la decisión en la época en la que “Navarra era la única comunidad en toda Europa que ha legislado en contra de los derechos lingüísticos de parte de sus ciudadanos. Es una situación insólita que una organización democrática vote a favor de restringir derechos de sus ciudadanos y ciudadanas”, dijo. “Casi de la misma manera que si un pleno del Ayuntamiento pueda decidir retirar el derecho al voto a las mujeres o exigir que la ciudadanía tenga 23 años para poder votar -aseveró- son decisiones que van en contra de los derechos de los ciudadanos”.

EH Bildu. “No entendemos que haya un Ayuntamiento en concreto, una fuerza política en concreto, que lo que quiera es limitar todavía más los derechos lingüísticos de sus habitantes”. Tras calificar la situación como “especial”, consideró que, aunque “le ha costado”, es “el único” Consistorio que UPN ha encontrado para “convencer a sus propios concejales para dar ese paso”.

PSN. El socialista Santos Cerdán no compartió estas posturas y subrayó la “libertad” de cada Consistorio de solicitarlo dentro de la “normalidad”, y pidió respeto para la decisión tomada por la localidad. “Si respetamos una cosa, respetamos la otra”, reivindicó ante Efe antes de entrar en el pleno.