Gasteiz - El Parlamento Vasco ha instado por unanimidad al Gobierno Vasco a que en el plazo de tres meses aplique criterios de lectura fácil al documento que recoge los criterios de Lanbide para conceder y denegar la RGI y la PCV.

Todos los grupos parlamentarios respaldaron esta reclamación, que se incluye en un texto transado aprobado en el pleno de ayer, que busca dar “seguridad jurídica” a los preceptores y que éstos conozcan de forma “clara, comprensible y accesible” los criterios que se aplican para conceder y denegar estas ayudas. El pasado 6 de abril se hizo público este documento en la página web de Lanbide, una transparencia reclamada desde diversos colectivos con el objetivo, como recoge el texto aprobado ayer, de que la interpretación de los criterios “sea homogénea y no dé lugar a interpretaciones diversas”.

El Parlamento Vasco reclamó asimismo al Ejecutivo que aplique correctamente la normativa existente, que cumpla los plazos y la motivación de los actos administrativos, “todo ello de una forma clara y suficientemente con el fin de implementar y mejorar la seguridad jurídica de los mismos”.

También se solicita al Gobierno Vasco que publique todas las modificaciones que en el futuro pueda tener este documento y que garantice que los criterios de interpretación se apliquen desde el momento en el que se publiquen.

Todos los grupos parlamentarios se felicitaron por la aprobación de este documento para garantizar los derechos y obligaciones de los perceptores, que unifica los criterios para “no dejar al albedrío de las personas que trabajan en Lanbide” la interpretación de los mismos, según resaltó al parlamentaria de Elkarrekin Podemos Tinixara Guanche. La parlamentaria del PP Laura Garrido opinó que es fundamental que la ciudadanía conozca los criterios, algo que también destacó la representante del PSE-EE Gloria Sánchez.

La parlamentaria del PNV Amaia Arregi destacó que la publicación de este documento redundará en la mejora del servicio y dotará de seguridad a la ciudadanía, que podrá basarse en un documento público para presentar recursos. - Efe