Vitoria - Varias organizaciones sociales promotoras de la campaña No más cortes de luz denunciaron que en 2015 las compañías eléctricas del Estado español realizaron 650.000 cortes de suministro eléctrico, “en muchos casos a personas o familias sin recursos”. Estos cortes suelen ser la culminación de procesos de impagos de recibos y la versión más dura de un fenómeno denominado pobreza o vulnerabilidad energética que afecta a casi 160.000 vascos y a más de cinco millones de personas en el Estado español. Para intentar evitar los cortes de luz a los hogares más vulnerables a finales de enero entraron en vigor un nuevo mecanismo de financiación del bono social y otras medidas de protección al consumidor de energía eléctrica. Ahora llega el reglamento que desarrolla el funcionamiento del nuevo bono social introduciendo por primera vez el criterio de renta para poder beneficiarse de una tarifa eléctrica más barata, así como la exigencia a las eléctricas de nuevos requisitos en la reclamación de facturas impagadas y mayores cautelas antes de proceder a la suspensión del suministro.
Las organizaciones sociales y de consumidores confían en que el nuevo bono social supere las limitaciones y deficiencias del que ha estado vigente desde 2009 hasta ahora, se convierta en una herramienta útil contra la pobreza energética y puedan acogerse a él los hogares que realmente lo necesitan y tienen derecho, ya que una de las principales críticas al sistema anterior es que no definía la figura del consumidor vulnerable y no siempre beneficiaba a las personas con menores rentas.
Esta semana el Gobierno español ha remitido a las comunidades autónomas las líneas principales del reglamento que desarrolla el real decreto ley sobre el bono social y que determinará la aplicación de las nuevas ayudas. Este texto introduce el criterio de renta a la hora de determinar quienes pueden ser beneficiarios del bono social y establece la creación de diferentes categorías para los hogares vulnerables de acuerdo a unos umbrales de renta que serán fijados de acuerdo con el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). También se establece que estos niveles de renta podrán modificarse por la existencia de determinadas circunstancias, como tener una minusvalía.
Para la aplicación del nuevo bono social se establecerán diversas categorías de beneficiarios con diferentes descuentos. Una de las novedades más destacables es la introducción de una nueva categoría de hogares vulnerables severos, que estarán más protegidos de cortes de suministros y se beneficiarán de un descuento más elevado.
Hogares vulnerables También se fija la categoría de hogares vulnerables severos en exclusión social. En estos casos, cuando las administraciones aporten ayudas que supongan el 50% de la factura, el suministro será declarado esencial, se cofinanciará con las compañías suministradoras de electricidad y estará a resguardo de cortes.
Con casos como el de Rosa P. en la memoria -la anciana que en noviembre de 2016 falleció en el incendio de su vivienda en Reus porque se alumbraba con una vela tras el corte del suministro- el legislador ha incrementado las cautelas ante los cortes de luz. Así, la nueva norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales. La Ley del Sector Eléctrico ya contempla una serie de suministros considerados esenciales a los que en ningún caso podría cortarse la electricidad, como cárceles y hospitales. Con esta medida los consumidores en situación de vulnerabilidad severa se suman a esos suministros esenciales.
Entre las nuevas exigencias y condiciones dirigidas a las empresas se establece que éstas deberán informar a sus clientes de la posibilidad de acogerse al PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y de solicitar el bono social si cumplen las condiciones de renta. También figura la prohibición a las comercializadoras de electricidad de suscribir un contrato en el mercado libre con un beneficiario del bono social sin advertirle expresamente de que la firma del nuevo contrato implicará la pérdida de la ayuda que recibe. Junto a esto, el Ministerio de Energía anulará expresamente las cláusulas que contemplen penalizaciones o costes adicionales para los consumidores que tengan un contrato en el mercado libre y que soliciten acogerse al PVPC siempre que el cliente acredite los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable.
Las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro eléctrico previstas por las empresas, lo que les permitirá identificar los casos de consumidores en riesgo de exclusión social que puedan verse afectados por los cortes y adoptar así las medidas necesarias para asegurar la protección de los hogares con problemas. Las administraciones podrán utilizar la información del listado que les proporcionen las empresas para gestionar la inclusión de los consumidores afectados en el bono social y en sus programas de asistencia social.
Ayer el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, confirmó que su departamento “aumentará las obligaciones” de las compañías suministradoras de energía para que informen de forma pormenorizada a los ciudadanos que cambian de contrato sobre las ventajas e inconvenientes de las nuevas tarifas a las que se acojan.
más información Además de proteger a las personas más vulnerables, la nueva regulación exige a las comercializadoras que mejoren su información al cliente que incurre en impagos, así como la exigencia de abono de las facturas pendientes y les obliga a esperar dos o cuatro meses antes de proceder al corte de suministro.
La medida de utilizar el criterio de renta de la unidad familiar para determinar si un hogar debe beneficiarse o no de los descuentos y medidas asociados al bono social llega ocho años después de la creación del bono eléctrico vigente, que fue ideado por el PSOE en 2009 como un parche para paliar las continuas subidas del precio de la luz y ayudar con un descuento del 25% sobre la tarifa a los consumidores que tenían más dificultades para hacer frente a las facturas. Desde el principio esa solución ha sido muy criticada por la mayoría de los actores del sector, porque ese bono social no tenía en cuenta la renta de las familias.
De hecho, al bono social vigente entre 2009 y 2016 pueden acogerse las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Según reconocen fuentes del Ministerio de Energía, la antigua definición de beneficiarios del bono social “tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta”.
De los 2,4 millones de actuales beneficiarios del bono social, 1,9 millones lo son por tener una potencia contratada inferior a 3 kilovatios (kw), entre los que puede haber “muchos casos de apartamentos pequeños pero ocupados por usuarios con renta elevada”. Con la actual definición -reconoce el Ministerio- “puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo”, así como “beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica”.
Categorías. El reglamento que desarrolla el real decreto ley del bono social eléctrico fijará distintas categorías para los hogares vulnerables en virtud de unos umbrales de renta.
Empresas. Las comercializadoras de electricidad deberán comunicar a los consumidores los impagos de sus facturas desde el primer momento, reclamarles de forma fehaciente el pago e informarles de la posibilidad de acogerse al bono social.
Se denomina pobreza energética a la incapacidad económica para pagar la energía necesaria para desarrollar la vida en el hogar o mantener la vivienda a una temperatura adecuada. En Euskadi esta situación podría afectar a unas 160.000 personas.
Según los últimos datos de la CNMC, en el mercado libre de electricidad hay 14 millones de clientes, frente a los 11,8 millones que están acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
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2,4 millones de hogares están acogidos al bono social, de ellos 1,9 millones tienen una potencia contratada inferior a 3kw, 0,3 millones son personas con pensiones mínimas, 0,2 millones de familias numerosas y 70.000 familias con todos sus miembros en paro.
