vitoria - El próximo 15 de mayo el Gobierno Vasco presentará el proyecto de reforma integral de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que busca mejorar la gestión y el control de estas ayudas sociales, atajar los fallos detectados y garantizar su sostenibilidad. Esta reforma sigue a una serie de medidas recientes -como la identificación de usuarios y trabajadores de Lanbide a través de la huella digital o la creación de un grupo antifraude- que también van encaminadas a agilizar la gestión de la RGI y la prestación para vivienda (PCV) y evitar los cobros indebidos y fraudulentos.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, intervinieron ayer en el pleno de control del Parlamento Vasco para asegurar que las nuevas medidas aplicadas en Lanbide y las contenidas en el proyecto de reforma que se va a presentar próximamente “no estigmatizan” a los perceptores de ayudas y para rechazar que la implantación de un sistema de identificación mediante huella suponga adoptar las propuestas realizadas años atrás por el PP y Javier Maroto. Tanto Urkullu como Artolazabal destacaron que las reformas que se proponen y las que ya se han puesto en marcha buscan mejorar la gestión de Lanbide haciéndola más eficaz, y reafirmaron el compromiso del Gobierno con el modelo de políticas sociales de Euskadi.

Como demostración práctica de ese compromiso el lehendakari citó la partida de más de 400 millones de euros destinada a la RGI prevista en los presupuestos de este año, lo que supone aportar los “recursos necesarios” para que las personas que carecen de ingresos puedan disponer de una renta con la que cubrir las necesidades básicas.

Según explicó ayer Iñigo Urkullu, el proyecto que el Gobierno Vasco presentará el próximo 15 de mayo contiene una reforma “integral” de la norma que regula la RGI. Añadió que es una propuesta trabajada con “rigor”, “realista”, “sostenible” y “eficaz”, con el objetivo de lograr el máximo consenso en el Parlamento y, posteriormente, “extender” ese consenso al conjunto de las administraciones vascas.

Mejora de la gestión Urkullu detalló que esa reforma pivotará sobre una mejora de la gestión interna en Lanbide y de la coordinación del servicio vasco con la tesorería de la Seguridad Social, así como con el fomento de la inclusión laboral, la creación de un grupo específico antifraude en colaboración con las policías locales y la implantación de la huella digital, “sin estigmatizaciones, para todas las personas, trabajadores incluidos”. Urkullu recordó a los parlamentarios que el sistema de garantía de rentas, que regula la RGI y la PCV, se aprobó hace “casi 30 años” y es “pionero” en el Estado español. Destacó también que los vascos están “orgullosos” de este modelo de ayudas sociales, por lo que las reformas que realizará el Gobierno están destinadas a “protegerlo y actualizarlo”.

Por su parte, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, desvinculó la introducción en Lanbide de mayores medidas de control con el acuerdo presupuestario con el PP y se refirió a la reciente publicación de los criterios interpretativos sobre la RGI y la PCV. La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Tinixara Guanche había preguntado a Artolazabal si los nuevos criterios “provocan el decaimiento” de lo que se aplicaba hasta ahora, y citó normas curiosas, como que un perceptor no puede compartir una cuenta bancaria con quien no esté incluido en su unidad convivencial. “Los criterios que se van a aplicar son los que están anunciados”, zanjó la consejera, quien denunció que se utilicen “los sistemas sociales como arma arrojadiza”.