Madrid - El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, se comprometió ayer con los consejeros del ramo a estudiar la vía para integrar las aportaciones de las comunidades autónomas al pacto educativo “en un proceso político que ya está en marcha” en el Congreso de los Diputados. “Espero que haya (un grupo de trabajo), pero hay que ver cuál es la mejor manera, la más viable y la más útil”, afirmó tras la Conferencia Sectorial celebrada ayer en Madrid.
El ministro recordó que el pasado lunes acordó con las comunidades autónomas en el que la Comisión General del Senado realizará una ponencia, pero los consejeros socialistas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cantabria y Comunidad Valenciana, le pidieron ayer la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Sectorial para elaborar un documento con sus aportaciones para el pacto educativo.
El ministro saludó esta propuesta, pero derivó la decisión a la Comisión General de Educación, integrada por técnicos del ministerio de las comunidades autónomas, para que definan la forma en que éstas pueden contribuir al pacto. No obstante, insistió en que este “proceso político” ya está en marcha en la Subcomisión del Congreso de los Diputados, que se encargará de elaborar un documento de bases “en el plazo de seis meses”.
A su salida de la reunión, la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, reiteró el mensaje que trasladó el lunes en el Senado sobre el respeto de las competencias vascas en materia de Educación, como condición para hablar de pacto. En este sentido, insistió en que “se nos hace difícil hablar de pacto de educación cuando continuamente vamos recibiendo (del Gobierno de España) recursos y nos van recortando en nuestras competencias, currículum, evaluación, becas...”
Otro de los puntos tratados en la Conferencia Sectorial fue el Plan Estratégico de Convivencia Escolar que elabora el Ministerio de Educación. Todas las comunidades gobernadas por los socialistas, así como Nafarroa y Catalunya, acusaron al Gobierno Rajoy de invadir sus competencias con el plan con el que se pretende atajar el acoso escolar, mientras que el Gobierno valenciano denunció que es “etéreo” y no cuenta con financiación. Euskadi carece un plan antibullying, aunque el Departamento de Educación está trabajando en ello. - DNA
