granada - La Fiscalía retiró ayer su acusación contra el padre Román Martínez, para el que pedía inicialmente nueve años de cárcel por supuestos abusos a un menor desde 2004 a 2007, y pidió la libre absolución por entender que el “cúmulo de contradicciones” en el testimonio del denunciante, la “inexistencia” de las marcas físicas que señaló en el sacerdote y, en general, “la ausencia de cualquier elemento de prueba objetiva y pericial”, impiden acreditar la existencia de abusos sexuales.
Durante la última sesión del juicio del caso Romanones el fiscal, Francisco Hernández, explicó que, pese a que en un inició creyó en la supuesta víctima de abusos, no puede renunciar a su obligación de seguir las normas del derecho penal y “no puede consentir una condena sin pruebas”.
El Ministerio Fiscal, que inicialmente atribuía al padre Román un delito de abuso sexual continuado agravado por el resultado de acceso carnal, se refirió por una parte a las “contradicciones” en la versión del denunciante respecto a si ha existido o no una penetración anal, subrayando que sin ella “no hay caso” puesto que el resto de tocamientos sexuales que inicialmente se señalaron en esta causa habrían prescrito.
A ello suma que, tras las distintas testificales incluyendo la del denunciante, no es posible saber cuándo se produjeron los presuntos abusos, la edad en la que los habría sufrido la supuesta víctima, si hubo actos de penetración o cuándo empieza y finaliza la convivencia, en tanto que hay referencias de que el denunciante mantuvo contacto con el Padre Román y la comunidad a la que pertenecía hasta siete años después de los supuestos abusos.
Hernández también aprecia “contradicciones” en la “aversión” que el denunciante afirma tener con los curas como consecuencia de las agresiones sexuales que sufrió, algo que a su juicio no encaja con que posteriormente se fuera al Opus Dei, donde la presencia de este colectivo religioso es notable.
Agrega que el examen forense practicado al padre Román no avala “ni por morfología, ni por color ni por posición” la marca que según el joven presentaba en el pene el sacerdote, poniendo en duda el Ministerio Fiscal que en un momento “tan crudo” como el que relata el denunciante tuviera “tiempo para fijarse” en un “moteado de hiperpigmentación” como el que muestra el sacerdote en sus zonas íntimas según los informes de los peritos y que es “casi imperceptible” con luz escasa.
De la misma manera, el fiscal expresó su extrañeza por la tardanza de hasta siete años en denunciar los hechos, que Daniel justifica porque, al trasladarse de Granada a Pamplona y cambiar de ambiente tomó consciencia del daño sufrido, aunque por medio el joven denunciante pasó un año en Lieja, estudiante de Erasmus, desde donde dirigió una postal con un texto cariñoso al cura.
La declaración de los testigos que han comparecido a lo largo del juicio tampoco acredita para Hernández la existencia de abusos sexuales a tenor de las contradicciones encontradas.
La acusación del denunciante, sin embargo, sí considera que los tres delitos de abuso sexual que atribuye al sacerdote han quedado “absoluta y plenamente probados” durante el juicio, por lo que mantiene su petición de 26 años de cárcel y una indemnización de 50.000 euros por daño moral. Apelando a sentencias por abusos que se sostienen solo con el testimonio de la víctima, el letrado Jorge Aguilera considera que Daniel ha sido “coherente y sin contradicciones” en su denuncia, “corroborada” por testigos “de hechos indirectos de naturaleza sexual”.
acusación popular Por su parte, la acusación popular, ejercida por la Asociación Prodeni, atribuye al acusado un delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal y pide para él 15 años de prisión, así como una indemnización de 75.000 euros por daño moral.
El representante de la acusación popular defendió que “cuando se abusa de un niño, parte de su vida ha muerto” y sustuvo la “credibilidad” del denunciante, que a su entender no ha hecho “teatro” en esta causa, al margen de las contradicciones que se hayan podido señalar a lo largo de las distintas declaraciones que ha realizado en las diferentes fases del caso. - Efe/E.P.
Daniel, “mentiroso”. Javier Muriel, el letrado del padre Román, acusó a Daniel de “hacer de la mentira un arte”. Ahora, “en nueve sesiones de juicio se ha tirado por la borda todo lo que había insinuado durante la instrucción”
Las pruebas, “valoradas. Muriel aseguró también que “fruto de las pruebas “valoradas” ha sido la decisión “esperada” del fiscal.
