MADRID. Un total de 415.116 mujeres víctimas maltratadas por hombres con los que mantenían una relación de pareja han estado monitorizadas por las fuerzas policiales a través del sistema de seguimiento VIOGEN desde que esta herramienta comenzó a funcionar hace una década como parte del despliegue de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, norma que ahora se busca reimpulsar con un pacto de Estado.
En concreto, este sistema nacido en julio de 2007 para aglutinar a las diferentes instituciones públicas e integrar toda la información de interés necesaria sobre las víctimas, ha visto en este tiempo 446.646 casos que afectan a las mencionadas 415.116 víctimas y al cierre de febrero, 52.060 de ellos estaban activos: 19.388 eran de riesgo bajo, 4.156 de riesgo medio, 183 de riesgo alto y diez casos de peligro extremo.
Viogen es una de las herramientas más destacadas en la lucha contra la violencia de género y también una de las que ha sufrido más transformaciones en esta década: cambios en los sistemas de evaluación policial de riesgo para afinar el diagnóstico: incorporación de policías locales y administraciones como Instituciones Penitenciarias para permitir, por ejemplo, que se avise por SMS a las víctimas de cualquier cambio en el régimen carcelario del agresor; y ahora se trabaja en sumar también a los servicios sociales y sanitarios para poder incluir a mujeres que padecen violencia y aún no la han denunciado.
En cuanto a las denuncias, cuando se cumplen 10 años de especialización judicial se cuentan más de 1,3 millones en toda España, es decir, unas 15 cada hora, y la tendencia es al alza, pues el año pasado alcanzaron la cifra más alta de la década, 142.893.
Sin embargo, persisten tres realidades en estos casi dos lustros: de media, menos del 1% de las denuncias son presentadas por familiares y amigos de esas mujeres, hay un 12% de ellas que habiendo dado el paso, optan después por no declarar contra el agresor y aún hay "mucha impunidad".
Sobre este asunto, la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Angeles Carmona considera que debe ser una prioridad, porque "hay muchos delitos, como un 80%, que nunca se denunciarán". El experto y primer delegado del Gobierno para la Violencia de Género que tuvo España, Miguel Lorente, pone cifras: 600.000 mujeres padecen maltrato en España (macroencuesta CIS), pero se denuncian menos de 200.000 casos al año y se condenan en torno a 20.000. "Eso es impunidad", asegura.
FALLOS DEL SISTEMA: ASESINATOS CON DENUNCIA
Se suma otra variable: si de media en estos 10 años, un 26% de las 617 mujeres asesinadas habían presentado denuncias previas por malos tratos, en 2016 la tasa escaló por encima del 36%, casos en los que según la Fiscal de Sala Especial para la Violencia de Género, Pilar Martín Nájera, hay "un fallo del sistema", que no puso las medidas de protección adecuadas. Lorente pone como ejemplo las pulseras de localización de maltratadores, que también cumplen ahora 10 años. El Gobierno compró 3.000 unidades, pero el año que más dispositivos han estado activos, 2016, funcionaron 800.
En cuanto a la parte preventiva, de educación y sensibilización de la sociedad, que Lorente considera "deficitaria", la diputada socialista Angeles Alvarez señala como abandonada por el Gobierno y Angeles Carmona considera vital frente al "problema estructural del machismo", la ex secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Susana Camarero dice que "quizá debería involucrarse más la sociedad", en especial para abordar la situación de los adolescentes.
Todos estos asuntos están ahora bajo la lupa de los grupos parlamentarios que, organizados en una subcomisión en el Congreso y una Ponencia en el Senado, estudian a fondo la aplicación de la Ley Integral para elevar propuestas de mejora y revitalizarla en forma de Pacto de Estado. Para Lorente, "el auténtico Pacto de Estado fue aprobar la ley por unanimidad" y ahora lo necesario sería "un Pacto contra el machismo" y "voluntad política" para seguir desarrollando la legislación.
En todo caso, hay acuerdo en la necesidad de llegar a un nuevo acuerdo en forma de hoja de ruta, con algunas reformas que serán de "trazo fino" _en palabras de Alvarez_, como el modelo de los contratos bonificados o la revisión del proceso de la víctima tras denunciar; y otras que serán más de fondo, como el alcance penal del concepto de violencia de género. De hecho, este también ha evolucionado en la última década y no sin debate.
¿QUE ES Y QUE NO ES VIOLENCIA DE GENERO?
La ley, aprobada por unanimidad en 2004, define violencia de género como aquella que comete el hombre sobre la mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación de pareja. Se entendió que era la realidad más acuciante en aquel momento en España por extendida, por normalizada y, sobre todo, por silenciada. Dado que se trataba de una tipología delictiva con características propias y diferenciadas, la apuesta fue sacarla de los hogares para convertir en delito público lo que hasta entonces era visto como un problema de pareja.
No obstante, el Grupo Popular, que entonces estaba en la oposición, reclamó que los hijos menores de edad de las víctimas de violencia de género fuesen incluidos como víctimas. La propuesta no prosperó al ser rechazada por el PSOE al creer que se desvirtuaría el concepto. En 2015, con el PP en el Gobierno, se modificó la Ley para incluir a estos niños en la definición, que ya se recogen en las estadísticas, así como los huérfanos.
Incorporados los menores, el debate está en sumar o no a las mujeres víctimas del machismo violento fuera del ámbito de la pareja. España, al firmar la Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, se comprometió a incluir como violencia de género formas ahora exentas (agresiones sexuales, mutilación genital) y aunque existe en todos los grupos la disposición de acatarlo, no hay aún consenso sobre cómo hacerlo.
Las alternativas pasan por incluir estas formas de violencia en la Ley para extender la misma protección y derechos a todas esas víctimas o redactar leyes específicas, tesis que sostienen, por ejemplo, la ex delegada del Gobierno para Violencia de Género, Blanca Hernández; para la lucha contra la trata. La respuesta llegará a mediados de año, cuando vencidos los plazos de ambos órganos parlamentarios, eleven sus propuestas al Ejecutivo, que se ha comprometido ya a acatar el Pacto que emane de las Cámaras.
"HEMOS SALVADO A MUCHAS MUJERES"
Entretanto, y con la perspectiva de lo "mucho" que queda por hacer, los expertos consultados por Europa Press hacen un balance positivo de esta década en la que se han mantenido en aumento las llamadas al 016, con un 654.086 llamadas y récord de 85.318 en 2016; y las usuarias del servicio ATEMPRO han llegado igualmente a un récord de 11.491 en 2016. Se han producido mejoras, según las dos únicas grandes encuestas al respecto realizadas por el CIS: Si en 2011 eran el 72,5% las mujeres que habían dejado atrás la violencia de género, en 2015 eran el 77,6%.
"Una cosa que tenemos que hacer y no hacemos es contar el número de mujeres que hemos salvado, que son muchas", afirma Alvarez. "Se ha invertido mucho, se han puesto en marcha muchos mecanismos, se ha modificado la legislación, pero el problema es que se conozca y llegue", añade Camarero.
