Bilbao- La exministra socialista Cristina Narbona (Madrid, 1951) augura un año intenso en materia de debates energéticos. El más cercano en el tiempo -“empezará muy pronto”, dice- será el vinculado a la continuidad de Garoña. Eso sí, advierte de que prolongar la vida útil del parque nuclear español hasta los 60 años significaría incrementar en un 50% aproximadamente el volumen de residuos nucleares generados. Y todo, sin que hasta la fecha haya habido avances en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC).

¿Garoña es la excusa perfecta para modificar el escenario nuclear?

-Lo que se ha producido durante la tramitación de Garoña son cambios en las prácticas y en las normas que regulan los procesos de renovación de las centrales nucleares en España y por ejemplo, con el pretexto de Garoña se ha cambiado una práctica que regía desde 1999 en cuanto a que el CSN establecía en el informe preceptivo para renovar el periodo máximo de vigencia de esa renovación y eso se ha modificado. Y además, tal y como consta en el expediente, se ha modificado porque lo ha pedido la patronal eléctrica sin que exista ninguna justificación desde el punto de vista de la seguridad nuclear.

¿Y dónde quiere ir la patronal?

-Sin hacer ningún juicio de valor, es obvio que el sector eléctrico ha conseguido que el CSN no se pronuncie respecto de la duración de los periodos de renovación. En este último año ha habido numerosas declaraciones por parte de representantes del sector defendiendo que el parque nuclear español vaya a los sesenta años.

Esa es la opinión del sector pero ¿habrá que analizarla, no?

-Una de las cuestiones que he solicitado reiteradamente en este periodo, desde que en 2014 comienza el expediente para la renovación de Garoña, es que el CSN impulsara un debate transparente y con la participación de otros organismos reguladores en cuanto a las consecuencias de prolongar la vida de las centrales desde el punto de vista de la seguridad nuclear y protección radiológica, que es nuestra función. Nosotros no entramos en la definición de la política energética.

No entran en la definición, pero tienen mucho que decir?

-Simplemente llamo la atención sobre el hecho de que si todas las plantas de España fueran hasta los 60 años de vida útil significaría cambiar los supuestos sobre los que está construido el vigente Plan nacional de residuos radioactivos [2006] que contemplaba la hipótesis de que las plantas tuvieran una vida útil de 40 años. Si son 60 años significaría aproximadamente un 50% más de volumen de residuos radioactivos generados y por lo tanto necesitados de una gestión posterior que hoy por hoy no está contemplada en ese Plan ni tampoco en la construcción, que todavía no se ha iniciado, del Almacén Temporal Centralizado [ATC].

Y ese interés suyo del que me hablaba ¿ha tenido respuesta?

-No. Siempre se ha interpretado que mi pretensión era, entre comillas, politizar el CSN y que el tema es responsabilidad del Ministerio de Energía. Pero insisto, mi petición se refería a aspectos asociados con la seguridad nuclear y protección radiológica que se derivan de una decisión que en otros países ha tardado años en producirse.

¿Por ejemplo?

-En Francia todavía están pendientes y con mucho debate, las decisiones sobre la viabilidad de algunas centrales en el contexto de una ley de transición energética en la que se ha establecido como objetivo que en 2025 el peso de la nuclear en el mix energético se reduzca del 75% actual al 50%. Y eso significa cerrar las centrales más antiguas y en todo caso someter a un escrupuloso análisis a qué centrales se les concede prolongación.

¿Y si el CSN es un organismo regulador neutral [?]

-[?] Tiene que serlo.

Le decía que ¿si el CSN es un regulador neutral entonces, cómo es posible que se hayan enviado cartas al Ministerio de Energía para que tenga en cuenta esa prolongación ‘sine die’ de la vida de las centrales?

-Esa carta era la reproducción de la guía en la que se ha eliminado el periodo de renovación que antes aparecía en nuestros informes. Lo que se hacía era comunicar que había esta nueva norma interna a efectos de que el Ministerio tomara nota. De hecho, la decisión sobre Garoña y sobre la duración de su autorización la tomará completamente el Ministerio de Energía. Pero el CSN no ha dicho nada.

Entiendo que algo sí, al haber cambiado esa reglamentación?

-Por primera vez el CSN no dice durante cuánto tiempo y recordemos que lo que había pedido Garoña era una renovación hasta 2031.

En el caso de que la Orden Ministerial sea contraria a la reapertura de Garoña ¿qué ocurrirá con los residuos nucleares?

-Garoña tiene ya en fase muy avanzada de preparación un Almacén Temporal Individualizado [ATI] con capacidad para almacenar los residuos que ahora mismo están depositados en la piscina de la central. En un par de años esos residuos podrán estar en el ATI en condiciones de seguridad. Ese es un proceso que también es objeto de evaluación del CSN. Mientras tanto, previsiblemente avanzará el proyecto del ATC aunque?.

¿Aunque??

-Todavía están pendientes estudios geotécnicos de unos suelos que ciertamente van a requerir un proyecto constructivo muy específico para compensar la calidad de los suelos.

Camino largo para el ATC.

-Efectivamente, en el caso del ATC no ha habido Declaración de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente y ni siquiera el de Energía ha dado la autorización administrativa sobre el emplazamiento, que ya está informado favorablemente por el CSN con mi voto en contra.

La próxima central que tiene que solicitar la renovación de la licencia es Almaráz.

-Empezarán a presentar documentación a mitad de año.

¿Se atreve a decirme qué ocurrirá?

-No, no. Es verdad que hay que dar tiempo a que haya novedades porque el Ministerio de Energía se ha dado un periodo de margen para un debate con partidos políticos y organizaciones sociales que empezará muy pronto. Y existe una mayoría parlamentaria que está en contra. El Ministerio la tendrá en cuenta o no. Ni puedo ni debo pronunciarme al respecto, pero lo cierto es que ese es el contexto ahora mismo. Y no solo por el tema de Garoña, sino general sobre qué transición energética, qué escenarios construye España dentro del Acuerdo de París [COP21]?

Energía y cambio climático.

-Hay un proyecto de ley de transición energética y cambio climático que parece que pronto empezará a elaborarse y las señales son que el Gobierno quiere en la medida de lo posible consensuar ese proyecto.

Y en ese proyecto de ley, las nucleares seguirán siendo?

-Eso es una incógnita ahora mismo. Pero sí que será un año interesante desde el punto de vista del debate.

Se lo decía porque más de una vez he escuchado eso de que España es el país del sol pero lo que se dice energía solar?

-Hemos retrocedido muchísimo. Y tenemos una regulación sobre el autoconsumo sorprendente, por llamarla de alguna manera?

En cualquier caso, a la vista de esos informes técnicos sobre Garoña ¿es segura la planta?

-Si cumpliera con todas y cada una de las exigencias que ha impuesto el CSN creo que sería segura. Otra cosa es que sea rentable para sus propietarios. Pero desde el punto de vista de la seguridad, el cuerpo técnico del CSN ha hecho una labor muy rigurosa.

¿Y por qué tanta prisa en emitir el dictamen por parte del CSN? ¿Alguien tenía miedo a algo?

-En realidad el trabajo de evaluación estaba prácticamente terminado el año pasado; cierto es que en un contexto no definido desde el punto de vista de gobierno, con ese periodo interino,? Pero los informes estaban. Yo he discrepado de que aceptáramos evaluar una renovación por 17 años y por cómo se ha cambiado también un criterio que era reconocido como buena práctica a nivel internacional.

Pero es que desde 2009, en todo ese tiempo, Nuclenor no ha cumplido con los trabajos exigidos?

-Ahora le entiendo lo de la prisa en emitir el dictamen. Es que dar el informe favorable cuando ni siquiera han cumplido con algunos de los requisitos... Incluso en sede parlamentaria [en octubre de 2016] el presidente del CSN [Fernando Martí] dijo que sería condición sine qua non...