donostia - “En Gipuzkoa sí hay desigualdad en el ámbito laboral. Existe un desfase entre la igualdad legal y la real. Hay garantías jurídicas, pero no se trasladan a la práctica”, afirmó ayer Juan Ramón Tabernero, jefe de la Inspección de Trabajo de Gipuzkoa y Seguridad Social. Así arrancó su ponencia en la primera jornada sobre Discriminación de Género en el Ámbito de las Relaciones Laborales, organizada por el Colegio Oficial de Graduados de Gipuzkoa, en el Hotel Amara Plaza de Donostia, por el Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana.

La afirmación de Tabernero fue la premisa de la que partieron los ponentes para explicar cuál es la situación de las mujeres vascas en el trabajo. Pero antes de eso, María Jesús San José, consejera vasca de Trabajo y Justicia, expuso unos datos para contextualizar esta realidad. “Las políticas son las que han generado enormes desigualdades. De hecho, la precariedad y la brecha salarial han aumentado”, apuntó. Y es que el 78% de las personas con jornadas de trabajo parciales son mujeres. Además, estas cobran 6.000 euros menos que los hombres y deberían cobrar “un 30% más para equiparar sueldos”, agregó.

Es cierto que normativamente se han dado grandes pasos para proteger a la mujer. Como por ejemplo la Ley Orgánica de la Igualdad, que anula el despido de la mujer durante el embarazo y la maternidad, independientemente de si el empresario conoce el estado de la mujer. Además, existe la inversión de la carga de la prueba, lo que significa que si una persona es demandada por discriminación, le toca al demandado demostrar la ausencia de esa discriminación.

Sin embargo, las discriminaciones indirectas están a la orden del día y son “muy difíciles de detectar incluso por profesionales”, explicó Tabernero. Las discriminaciones directas son aquellas evidentes y que “ya apenas se ven”. Pero las indirectas se esconden bajo cláusulas de un contrato aparentemente neutras pero que generan una discriminación. Como por ejemplo, exigir una altura de 1,70 metros para aplicar a un trabajo, una altura que beneficia a los hombres. “Aquí es donde se esconden la mayoría de las discriminaciones en el ámbito laboral”, recalcó.

Desde 2007, la Inspección Técnica empezó a “tomarse en serio” las discriminaciones indirectas y formó a inspectores en igualdad en todos los territorios, colaborando con organismos especializados como Emakunde. Con las bases de datos de la Seguridad Social la Inspección técnica pudo analizar a las empresas por tamaños, tipos de contratos, categorías profesionales, sentencias judiciales, etc. en busca de desigualdades.

Entonces, dieron con estas discriminaciones en forma de cláusulas abusivas. “Muchas veces la discriminación está en la propia oferta de trabajo, pero es difícil controlar los procesos no reglados”, detalló Tabernero. De hecho, expuso un caso de una oferta publicada en El Diario Vasco que pedía un “hombre de entre 40 y 45 años para un trabajo de transportista”, una “discriminación directa” que afectó a cuatro empresas: la de transportes, la agencia de publicidad, la de selección personal y el periódico.

el valor del trabajo En cuanto a la discriminación salarial, destacó que “el gran problema” es que se subclasifica la mano de obra femenina. “Les dan trabajos menos remunerados, algo que va a ser muy difícil de erradicar”, lamentó. Esto es porque “es muy difícil” evaluar el valor de cada trabajo si son diferentes entre sí. Es más, apuntó que ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo a la hora de fijar unos criterios objetivos para determinar el valor de cada trabajo, para que sean remunerados adecuadamente. “Imaginamos que en una empresa de metal trabajan todo hombres, y en una residencia de ancianos, todo mujeres. ¿Qué trabajo tiene más valor? Nadie lo dice”, expuso.

El objetivo está en buscar esas discriminaciones indirectas, difíciles de apreciar, por las que las mujeres salen peor paradas. Como en el caso de El Corte Inglés, empresa condenada por el Tribunal Supremo por la promoción discriminatoria a hacia las mujeres. A pesar de tener más de un 70% de personal femenino, los altos cargos eran ocupados por un 81% de hombres.

“El acoso sexual plantea problemas para la Inspección de Trabajo, por las pruebas”, añadió. El acoso ambiental, que es el físico, es “fácil de demostrar” pero “son hechos que afectan tan íntimamente que no se suelen contar”, afirmó. El acoso por razón de sexo, que es aquel que se perpetra por ser mujer, hombre, gay o lesbiana, pertenece al acoso moral y “es algo muy habitual al volver del permiso de maternidad”.

Ante esta radiografía, la consejera vasca de Trabajo y Justicia explicó que son necesarios “planes de choque para la creación de empleo, recuperar los derechos laborales y apoyar la negociación colectiva”. En este sentido, apuntó que Osalan, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, investigará el enfoque de género para corregir las desigualdades. “No podemos dejar que la justicia tenga que enmendar las materias que son materia de las administraciones. Tenemos que legislar”, sentenció San José.