Vitoria - Las organizaciones que las controlan las someten a un constante trasiego. “Siempre lo hacen para dificultar la investigación”, asegura a este periódico el comisario jefe de Extranjería de la Policía Nacional en el País Vasco. Las redes de explotación eligen cualquier punto de la CAV para introducir a las víctimas, que llegan con la promesa de un trabajo en el servicio doméstico y acaban en la prostitución. La semana pasada se practicaron seis detenciones en Bilbao en un operativo que condujo a otros arrestos en Madrid y Andalucía. No es ningún caso aislado. Según el conjunto de actuaciones recabado por este periódico de la Policía Nacional y la Ertzaintza, un total de 430 mujeres han sido liberadas en Euskadi de estas redes de tráfico, explotación y trata durante los últimos cuatro años.

Tratar de radiografiar la realidad de la prostitución es prácticamente una tarea imposible por los parámetros en los que se mueve esta actividad. La Asociación Arrats atiende cada año a un millar de mujeres que ejerce en Gipuzkoa, y que acuden a esta organización a pedir asesoramiento. Pero se estima que hay muchas más. El 90% de ellas son inmigrantes en situación irregular. Dentro de este colectivo hay mujeres que ejercen por propia decisión, pero la mayor parte son extranjeras que, de un modo u otro, han acabado vendiendo su cuerpo tras haber sido atrapadas en redes de tráfico. Están sujetas a una movilidad constante, tanto por la presión policial como por la escasez de la demanda. “El trabajo ha caído en picado y ya no cobran lo de hace unos años”, dice Amaia Lasheras, trabajadora de la Asociación Arrats, que atiende en Gipuzkoa a este colectivo.

La prostitución ha desaparecido de las calles en el territorio. Hasta hace dos años era habitual ver a mujeres africanas apostadas en alguna esquina del Paseo Colon de Irun. Según fuentes policiales, la aplicación de distintas ordenanzas municipales ha borrado del espacio público una actividad que bulle de puertas adentro.

Existen en Gipuzkoa conocidos clubes de carretera, pero el negocio menos controlado se cuece en los pisos. En el territorio hay al menos 75 locales, lugares de incesante mudanza que cesan su actividad a la mínima de cambio para no levantar sospechas, lo que entraña enormes dificultades para hacer frente a la actividad delictiva de las mafias. “Lo habitual era verlas hace años en algunos puntos de la vía pública, luego pasaron a los clubes y ahora están en los pisos, menos accesibles. En la calle hoy en día en Gipuzkoa no hay ni rastro”, asegura un veterano agente, que recuerda bares frecuentados por ellas en el barrio donostiarra de Amara, hace ahora una década.

Africanas y latinas son los principales objetivos de las mafias, que las confinan en pisos. Este año, por vez primera, la Policía Nacional ha accedido a uno de estos locales para conocer las condiciones en las que trabajan. Una operación autorizada, no por el juzgado de lo penal, sino por el contencioso administrativo, según explica el jefe inspector de la Policía Nacional especializado en el País Vasco en este tipo de tramas. “Es una vía que hemos abierto, y que queremos seguir para comprobar si las mujeres están explotadas o no”.

Otras víctimas suelen ser chicas de países del Este, captadas por la figura del “lover boy”. Son engañadas por hombres que simulan una apasionada relación sentimental. El plan pasa por iniciar una nueva vida en otro lugar, y cuando llegan aquí son incluidas en una red de prostitución. “La chica está muy enamorada de él, que se lo pone todo muy bonito. Viene aquí pensando que van a iniciar una nueva vida y acaba siendo víctima de un engaño ejerciendo en pisos”, explica el jefe inspector.

El caso de las mujeres de procedencia latina es distinto. Venir a Europa no es sencillo si no se disponen de medios económicos, por lo que contraen una deuda que les obliga a hipotecar sus casas de origen. La situación se torna asfixiante y pueden quedar atrapadas durante años por la devolución de ese dinero. Las mafias lo controlan todo, sus pisos, propiedades e hipotecas. “Si no pagan -dice el inspector- se ejecutan los embargos, dejando en el desamparo a sus familiares”.

Por lo general estas mujeres vienen como turistas. Creen haber encontrado un trabajo como empleadas de hogar. En el paquete contratado para llegar al País Vasco las redes de explotación les indican detalladamente cómo tienen que responder y actuar en caso de tener algún problema en la frontera. Una vez aquí, es un familiar de la persona que ha contraído la deuda, ajeno a la trama, quien le suele reubicar en un piso.

Comienza a partir de ahí un trabajo que en nada se parece al que había soñado, siempre con la presión de devolver el dinero, lo que les obliga a jornadas maratonianas de trabajo con una media de doce horas diarias que les priva del contacto con el entorno y favorece su aislamiento social. “Se puede hablar de una explotación laboral en un contexto en el que su trabajo no es reconocido”, resume la trabajadora de Arrats.

trata de personas Son víctimas de las redes tráfico y, en los casos más extremos, de trata de personas con fines de explotación sexual. Está tipificado como delito desde la anterior reforma del Código Penal en 2010. La Ertzaintza ha liberado desde entonces a un total de 30 mujeres víctimas de estas redes. El cuidado y la protección de las víctimas “es más importante incluso que el éxito de una operación”, según ha afirmado recientemente el jefe del área de delitos contra las personas de la sección de Investigación Criminal de la Ertzaintza, Hugo Prieto.

Resulta complejo desarticular redes donde se encuentran mujeres “extremadamente vulnerables”, que normalmente desconfían de los policías y tienen una gran dependencia de sus explotadores.

Es muy elocuente el caso de las nigerianas. Durante su penoso peregrinar por África suelen ser víctimas de violaciones de los propios agentes del orden. “El vudú está muy presente. Se celebran rituales de brujería y a partir de ahí deben cumplir la promesa de no contar nada a nadie, bajo pena de morir ellas mismas o sus familiares. Las vemos en la calle, con mucho miedo, pero es difícil acceder a ellas porque están muy vinculadas a esas organizaciones”, revela un mando de la policía.

Las mujeres africanas que llegan a Euskadi lo hacen actualmente desde Italia y no desde el Estrecho como venía ocurriendo. “Estamos siguiendo muchos casos en los que se contacta con ellas a través de redes sociales, y hay quien va directamente a buscarles a Italia”, dice el jefe inspector del grupo operativo.

Las pesquisas tras los conocidos como connection man o responsables de captación han dado resultados en las últimas semanas en Alemania e Italia, donde se han practicado diferentes registros y detenciones.

La Ley de Extranjería contempla sesenta días como “periodo de reflexión” para que las víctimas arrojen alguna pista sobre la red de explotación. Para ello, la policía trabaja de la mano de asociaciones como Askabide.