La larga batalla de miles de familias de bebés robados llega a juicio en Madrid

Se calcula que podrían ser unos 300.000 los niños robados y entregados a otras familias con una identidad falsa, un fenómeno cuyos inicios se remontan a la Guerra Civil y tachado como una de las páginas más negras de la historia contemporánea de nuestro país.

Pero el entonces fiscal General del Estado Cándido Conde Pumpido rechazó la apertura de una investigación nacional y pidió que fuesen las fiscalías provinciales las que analizaran caso a caso, aunque se envío una circular unificando criterios de actuación al respecto.

Ahora bien, no fue hasta 2012 cuando la causa de los "niños robados" llegó a los juzgados a instancias de la denuncia presentada por María Luisa Torres por el robo de su hija recién nacida, en 1982. Torres acusó a la monja María Gómez Valbuena, conocida como sor María, de haberle arrebatado a la hija que tuvo en la clínica madrileña Santa Cristina. Se convirtió así en la primera persona a la que un juez abría diligencias por un caso de "niños robados".

Su historia acaparó las portadas de la prensa y otorgó una mayor visibilidad social a la causa.

Pero cuando la instrucción avanzaba e iban apareciendo nuevos casos relacionados con la religiosa, sor María falleció. Antes de ello, se había negado a declarar.

La muerte de la religiosa supuso un jarro de agua fría para los afectados, que confiaban en que el proceso contra sor María marcara un antes y un después en la investigación de los niños robados. Se agarraban a este caso para impulsar otros más en los tribunales.

Y es que dos son los escollos para investigar. El paso del tiempo y los problemas para hallar a testigos vivos o que recuerden lo que ocurrió, así como la dificultad para acceder a los archivos de la administración y de los hospitales.

Plataformas y asociaciones trabajan incansablemente para identificar a los responsables e, incluso, esta cuestión lleva años en la agenda parlamentaria de los partidos, a quienes los afectados reclaman que actúen para que esta tragedia humana no quede impune.

Al margen de denuncias de particulares, 592 expedientes por bebés robados se han puesto en marcha desde que en 2013 entrara en funcionamiento el servicio de información de esta materia en el que participan Interior, Justicia, Sanidad y Fiscalía General.

Esta última dictó una circular que también ha servido para evitar la prescripción de este tipo de delitos de tal manera que hasta que no se identifique el origen genético no se puede iniciar su cómputo.

Aunque también reconoció en 2015 los resultados "frustrantes y desesperanzadores para los familiares", toda vez que más de 60% de las diligencias abiertas hasta esa fecha eran archivadas.

¿Cómo funcionó esta trama?: Los recién nacidos eran sustraídos en diversas clínicas y a los padres se les decía que habían muerto al nacer o a las pocas horas, víctimas de alguna infección y aceleraban los trámites de enterramiento, sin la participación de la familia.

Los bebés eran entregados a otras parejas previa falsificación de los documentos, tanto el certificado de defunción, como la nueva inscripción como nacidos con otra identidad y otros padres, que pagaban por ello. Muchos con destino a otros países. Estaban implicados médicos, sanitarios, abogados, funcionarios y religiosos.

Uno de ellos, el doctor Eduardo Vela, será el primero en sentarse en un banquillo acusado de los delitos de sustracción de menores, suposición de parto y un tercero de falsedad en documento público.

Lo hará después de que la titular del Juzgado de Instrucción 46 de Madrid dijera que "existen motivos suficientes" por firmar un certificado de nacimiento de una niña cuya supuesta madre biológica era estéril.

Se llama Inés Madrigal, pero como ella quedan miles de afectados, aunque su historia aporta luz para los afectados que esperan ya no Justicia sino, ante todo, conocer su verdadera identidad.