BILBAO - El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha dado carpetazo a la investigación penal sobre el presunto fraude de los comedores escolares, al no encontrar indicios de delito en el proceder de las empresas de catering ni de la Administración vasca. El caso de la multa de 18 millones de euros interpuesta por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) contra las siete firmas de restauración por repartirse el mercado de los jantokis durante 12 años deberá seguir su curso exclusivamente por la vía administrativa ya que en las diligencias abiertas por el Ministerio Fiscal “no se han acreditado indicios de delito”, como alteración de precios en concurso público o prevaricación. El archivo penal de la causa da la razón al Gobierno vasco y le exonera en este asunto, desmontando la teoría de “la corrupción” montada por el Partido Popular para desacreditar al Ejecutivo Urkullu.

Las reacciones a la decisión de Calparsoro no se hicieron esperar. El Gobierno Vasco anunció que defenderá ante los tribunales el cobro de la multa de 18 millones que las siete empresas ya han recurrido en el contencioso-administrativo y pidió que se ponga fin a la caza de brujas instigada por los populares. El PNV se felicitó por el archivo de las diligencias y exigió al Partido Popular que pida disculpas “por las gravísimas acusaciones” contra el Ejecutivo Urkullu, al equiparar el caso jantoki con los escándalos de corrupción de los Pujol o los ERE de Andalucía. Y tras manifestar su “respeto” a la decisión del fiscal, el PP tuvo que admitir que su denuncia de “connivencia” contra el Gobierno vasco con “la estafa” de los comedores era infundada.

“Si lo ha archivado, será que no hay nada”, afirmó ayer el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso. Y pese a que la decisión fiscal aleja cualquier sombra de duda sobre la correcta gestión del Gobierno vasco, Alonso se resistía ayer a cerrar la teoría de la conspiración alimentada por su grupo, criticando que el Parlamento Vasco -con los votos de PNV y PSE- rechazase crear una comisión de investigación para “abordar más en profundidad” este caso en el que, según dijo, “por lo menos ha habido una ineficiencia en la gestión”.

Satisfacción del Gobierno Como era de esperar, la noticia fue acogida ayer con “satisfacción” en Sabin Etxea. El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate declaró que el archivo de la causa penal “desmonta, el montaje que había pretendido organizar el PP con gravísimas acusaciones falsas en contra del Gobierno Vasco y el PNV, con el único objetivo de tapar sus múltiples vergüenzas y los numerosos frentes judiciales que tiene abiertos en estos temas”. Consideró que el escrito de Calparsoro ratifica lo defendido por los jeltzales en la Cámara de Gasteiz sobre “la pretensión de utilizar como arma arrojadiza contra el Gobierno un tema que era de estricta competencia empresarial con el único objetivo del desgaste político”. Y en este sentido, conminó al PP a disculparse y dar marcha atrás “si se quiere actuar con un poco de dignidad”.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, calificó la clausura de la investigación de “cabal, equilibrada, correcta y bien puesta en razón” y recordó que el Ejecutivo, a instancias del Parlamento, fue el que puso el caso en manos de la Fiscalía. Respecto al fondo de la investigación, Erkoreka indicó que “era muy difícil encontrar materia” punible desde el punto de vista penal en esos hechos. Por su parte, el Departamento de Educación también mostró su satisfacciónya que “se confirma la inexistencia de indicio alguno ilícito penal” por lo que exigió que “concluyan los ataques por parte de algunos agentes políticos”.