Donostia - “La obra ha ido más rápido que los papeles. Esto que parece una anécdota, en la administración pública es algo muy serio. Las cosas se han hecho mal”. Con esta rotundidad se expresaba ayer el director del puerto de Pasaia, César Salvador, después de que el martes, miembros de la Unidad de Control Operativo (UCO) de la Guardia Civil registraran durante más de doce horas, las dependencias de la Autoridad Portuaria, así como de la UTE adjudicataria de la lonja (formada por las empresas FCC y Lurgoien). El objetivo, recabar toda la documentación relativa a las obras de la nueva lonja, que debía estar concluida hace un año y que a día de hoy se encuentra paralizada, con un sobrecoste de cinco millones de euros y siendo investigada por un Juzgado de Instrucción de Donostia.
El recorrido judicial, iniciado en el mes de mayo cuando la abogada del Estado y miembro del Consejo de Administración del Puerto, Macarena Olona, pidió a la Fiscalía que investigara los sobrecostes del proyecto, han llevado a que la Guardia Civil se personara el martes en Pasaia. “Llegaron con un auto del Juzgado con instrucciones muy precisas”, señaló Salvador, quien resumió que “los agentes se llevaron todos los expedientes” de las obras de la lonja.
Salvador lamentó que el Juzgado que lleva la instrucción no haya reclamado la documentación directamente a la Autoridad Portuaria, cuando esta se encuentra personada en el proceso. “Somos los primeros interesados en que todo esto se aclare y se solucione. Nos hemos personado para poder colaborar en la investigación. Ayer -por el martes- volvimos a hacerlo y seguiremos haciéndolo en un futuro”, aseveró.
El director del puerto se apenó de que todas estas irregularidades administrativas -“porque nosotros no hemos descubierto nada más, ni que nadie se haya llevado algo”, insistió- han generado “mucha frustración” en el puerto. “No tenemos ningún miedo, pero estamos fastidiados porque han saltado por los aires todos los plazos y no podemos terminar la obra”, indicó. A partir de ahora, solo desean “abonar lo que se debe al contratista y acabar con la obra conforme a lo que nos dicte el Juzgado y la abogacía del Estado”.
Además, la Autoridad Portuaria está a la espera de los resultados de las dos auditorías integrales que está llevando a cabo Puertos del Estado a petición del Consejo de Administración, por unanimidad, el pasado 5 de abril. Según las últimas informaciones, Puertos del Estado podría remitir estas conclusiones a lo largo de julio.
Las obras de la nueva lonja se proyectaron en el año 2011, siendo adjudicadas ese mismo año a la UTE formada por Lurgoien y FCC por un precio de 14,9 millones. Dos años después, comenzaron los sobrecostes, que a día de hoy ascienden a más de cinco millones.
