GASTEIZ. Esta es una de las conclusiones del informe "Análisis y perspectivas 2016" de la Fundación de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa), titulado "Expulsión social y recuperación económica", que se ha presentado hoy en Madrid.
Guillermo Fernández, miembro del comité técnico de la fundación de Cáritas, ha explicado que "en periodos de recesión económica, la pobreza aumenta rápidamente, pero cuando crece la economía, no desciende de la misma manera e, incluso, permanece estancada".
La directora de Comunicación, Sensibilización e Incidencia de Cáritas, Natalia Peiro, ha estimado que esta situación se está haciendo "invisible para gran parte de la sociedad" y ha expresado su preocupación por el ensanchamiento de la "fractura social" después de la crisis.
El análisis territorial de la desigualdad, la pobreza y el desempleo muestra una sociedad a dos velocidades y refleja que, como consecuencia de la crisis, se ha generado un proceso de divergencia entre las comunidades autónomas.
La investigación revela que las diferencias en el eje norte-sur del país no sólo se mantienen, sino que tienden a aumentar. Así, Cantabria, Euskadi, Navarra, La Rioja y Aragón, las autonomías del norte, estarían "en mejor situación" desde el punto de vista de la pobreza, la desigualdad y el desempleo más grave.
En cambio las regiones del sur, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Canarias y las Islas Baleares se encontrarían "en peor situación" ante una eventual salida de la crisis.
"Las diferencias regionales de la pobreza apuntan a una salida divergente de la crisis para cada una de las comunidades", ha indicado el experto, quien ha resaltado que esta disparidad seguirá provocando aumentos en las diferencias en la desigualdad, en la pobreza y en el bienestar social.
En cualquier caso, Cáritas Euskadi advirtió la semana pasada de la creciente desigualdad social en el País Vasco y de la "cronificación" de la precariedad, al tiempo que aseguró que no percibe que la mejoría económica y del empleo esté llegando a las personas que han caído en la pobreza en la comunidad autónoma.
Hoy ante la cercanía de elecciones generales, la directora del Área de Comunicación de Cáritas ha hecho un llamamiento a recuperar para la política social a "los ignorados y los expulsados" y ha instado a destinar 10.000 millones para establecer una renta garantizada con el objetivo de proteger a tres grupos sociales vulnerables: los hogares en pobreza severa, los trabajadores pobres y las familias con hijos a cargo.
Fernández ha recordado que España tendrá que afrontar a muy corto plazo una previsión presupuestaria cercana a esa cantidad para responder al esfuerzo reclamado por la Comisión Europea para corregir la desviación del déficit.
Por ello, se ha preguntado si la cuarta economía de la zona euro y la decimotercera del mundo en términos de Producto Interior Bruto no debe realizar un esfuerzo presupuestario y fiscal similar para contar con un sistema de garantía de rentas que reduzca la pobreza y permita rescatar los derechos y la dignidad de millones de personas.
