madrid - El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, presentará a las autonomías en la Conferencia Sectorial de Educación del día 13 el nuevo borrador de las reválidas de ESO y Bachillerato. En apariencia, el ministro ha ido desmontando punto por punto los aspectos más controvertidos de estas evaluaciones externas impulsadas por el no menos controvertido José Ignacio Wert. Ya no serán de tipo test, ni habrá una única prueba el mismo día en todo el Estado.
En apariencia, los nuevos borradores ya no destilan el aire centralizador y uniformizador de la versión original de las reválidas, pese a que el PP ha hecho una defensa numantina de ellas contra la opinión unánime de la comunidad educativa y de la mayoría de las autonomías. Ahora, las comunidades podrán redactar las preguntas, elaborar las guías de corrección, designar los tribunales de calificación, elegir al profesorado que realizará las pruebas, resolver las reclamaciones, incluso determinar el día en el que se realizarán. En apariencia, también se hace un guiño a la comunidad escolar ya que se prohíbe expresamente el uso de los resultados de ambas reválidas para la realización de rankings de centros.
Pero, ¿qué ha llevado al Ministerio a desmantelar la clave que sostiene la Lomce, su reforma? Y, sobre todo, ¿los cambios corrigen los efectos negativos de las reválidas o se quedan en un juego de apariencias? La respuesta a la primera pregunta es obvia. El PP ha perdido la mayoría absoluta y existe un acuerdo parlamentario para paralizar, cuando no derogar, la Lomce la próxima legislatura. Además, Méndez de Vigo pretende limar asperezas ante la trascendental reunión del día 12, después de que once comunidades autónomas (entre ellas Euskadi) le dejasen plantado en la reunión técnica convocada con urgencia para tratar de las reválidas. Y dos plantes en menos de un mes no sería una foto conveniente en plena precampaña.
Por otro lado, el calado de los cambios es relativo. En el fondo no responden a la demanda del sector y ni de las autonomías, tal y como denunciaron ayer la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos (Fedadi), sindicatos y la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa). En primer lugar, el replanteamiento de Méndez de Vigo mantiene la esencia de las reválidas. Esto es, los estudiantes deberán superar estas pruebas externas para obtener el título de ESO y Bachillerato.
Además, quienes suspendan la reválida de ESO siguen en un callejón sin salida. No en vano, el alumnado que suspenda la evaluación final de ESO no puede repetir 4º, ni cursar FP de Grado Medio ni pasar a Bachillerato. Ayer el presidente de los directores, Alberto Arriazu, describía así el problema que se puede generar: “Si suspende un diez por ciento de los que se presentan y no titulan, ¿qué hacemos con ellos?, ¿a la calle?”.
Competencias compartidas Es cierto que el último borrador da mayor competencia a las comunidades para configurar las pruebas. Del decreto desaparecen frases como “las pruebas serán confeccionadas por el Ministerio de Educación ...” o “el Ministerio fijará en cada convocatoria las fechas, características y condiciones de aplicación y corrección de la evaluación”. En la nueva redacción estas responsabilidades pasan a ser compartidas y negociadas en una “comisión central” compuesta por el Ministerio, CC.AA. y universidades, estas con voz pero sin voto. No obstante, el Ministerio se reserva el derecho de definir el marco legal, esto es “fijar una horquilla de fechas” o determinar “los contenidos a partir de unos estándares evaluables”. El Gobierno Vasco ya ha mostrado sus dudas sobre la “hipotética posibilidad” de que finalmente no sea el Estado el que diseñe y decida el contenido. El Gabinete de Cristina Uriarte cree que “puede quedar en papel mojado”.
