La Comisión Europea (CE) abrió ayer un procedimiento de infracción contra el Estado español para que adapte a la legislación comunitaria su normativa estatal sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago.
El Ejecutivo comunitario envió al Gobierno español una carta de emplazamiento (primera fase del procedimiento de infracción comunitario) y amenazó con enviarle un dictamen motivado en caso de no recibir una respuesta satisfactoria en este ámbito en el plazo de dos meses, según un comunicado de la institución.
Aunque la CE valoró las modificaciones que introdujeron las autoridades españolas en el procedimiento civil a raíz de la sentencia bautizada con el nombre del demandante, Mohamed Aziz, después de que el tribunal de Luxemburgo declarara abusivas en marzo de 2013 las cláusulas hipotecarias españolas, señaló que le siguen preocupando “algunas cuestiones”. El Ejecutivo comunitario precisó que su objetivo es “garantizar que los consumidores estén plenamente protegidos contra las cláusulas contractuales abusivas”.
La directiva relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores garantiza que el consumidor no quede vinculado por cláusulas abusivas cuando el contrato no haya sido negociado individualmente. Una cláusula contractual se considera abusiva si causa un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las exigencias de la buena fe. Los Estados miembros deben asegurarse de que sus leyes nacionales facilitan los medios efectivos para hacer valer estos derechos y que las empresas dejan de recurrir a tales cláusulas abusivas.
Aplauso de consumidores Facua-Consumidores en Acción aplaudió ayer y señaló que esta decisión “vuelve a dejar en evidencia la falta de interés del Gobierno por evitar el drama de los desahucios, y que no se ha legislado con la intención real de parar una de las consecuencias más graves de la crisis que España vive desde hace algunos años”.
La asociación de consumidores recordó que el expediente de la Comisión conocido ayer sigue la misma línea que las últimas decisiones del Tribunal de Justicia de la UE, que en el último año ha fallado varias veces en contra de la legislación española. Estas decisiones, según Facua, ponen de manifiesto que la ley hipotecaria española “está diseñada para favorecer a los intereses de la banca y que está incluso favoreciendo los desahucios”.
Por otra parte, el PSOE y Podemos sumaron fuerzas ayer en la última Comisión de Fomento del Congreso de esta legislatura para reclamar al Gobierno español que ponga en marcha nuevas medidas para luchar contra los desahucios, propuesta de la formación morada ante la que tanto el PP como Ciudadanos se abstuvieron a pesar de incluir exigencias como la dación en pago.
El texto, promovido por En Comù Podem -la confluencia catalana de Podemos- y modificada con una propuesta de Democracia y Libertad (DL), exige que no se produzcan nuevos lanzamientos de la vivienda habitual sin una alternativa habitacional garantizada en el caso de familias en situación de insolvencia sobrevenida y buena fe. En este sentido, se precisa que cuando el que solicita el lanzamiento es un gran tenedor de vivienda estará obligado a ofrecer un contrato de alquiler social, encargándose de ello las administraciones públicas en caso contrario.
Pero, además, se recupera la exigencia de cancelar las deudas vinculadas a situaciones de sobreendeudamiento personal o familiar por causas sobrevenidas, respondiendo de ellas únicamente con el bien garantizado, que tendrá que ser subastado por el 100% de su valor de tasación. Es decir, que se aplique la dación en pago, más allá de reclamar que se amplíen los requisitos para poder acogerse a la Ley Antidesahucios de 2013 a terceras personas no titulares de la vivienda objeto de la hipoteca. - Efe/E.P.
