No quiere que la fotografiemos ni que su nombre salga en el periódico. Es, simplemente, A. Como presidenta de la junta de la asociación Maritxu, de Donostia, de unos 200 miembros, da la cara todos los días laborables de 11 a 1, pero no cree que un artículo en el periódico vaya a serle útil como arma de defensa contra los cargos del fiscal. Tampoco se lo ha pedido el letrado que prepara su defensa, el abogado de la federación que lleva otros muchos procesos penales contra las asociaciones que promueven el consumo responsable y regulado de cannabis.

La última sentencia del Tribunal Supremo, considerando delito el cultivo y la distribución organizada, anulando la eximente erigida por la sentencia de la Audiencia de Bizkaia, deja sin aliento a la federación. Por un lado son asociaciones registradas, pagan impuestos y aportan mejoras sustanciales y garantías de salud para un consumo responsable y regulado de cannabis, y por otro lado, sus juntas y presidentes son perseguidas y tratadas como sospechosas de tráfico de droga. El juicio del Estado Versus Maritxu, anunciado para mayo, no será el primero. La propia A., como presidente de Maritxu, fue procesada antes por los mismos presuntos delitos. La primera vez acabó siendo absuelta y la junta adquirió desde entonces el hábito de informar a la policía de las cantidades que necesitaban producir en base a las necesidades semestrales de los miembros registradas en los libros. Cada miembro hace su pedido dentro de los límites del autoconsumo.

Como elemento de prueba, el abogado presentará en el juicio un documental que ha sido elaborado para mostrar cómo funciona la asociación, desde que traspasas la puerta blindada de entrada hasta el modo en que se pesa y se reparte la maría a cada miembro, e incluyendo entrevistas a miembros que explican por qué y para qué dan vida a la asociación. Algunas entrevistas son especialmente significativas como la de quien explica que la maría es lo único que le ayuda contra los ataques de epilepsia.

El golpe lo sufrieron hace un año. Alguien gritó acción y la Ertzaintza clausuró la huerta del pabellón situado en Hernani. Los informes periciales practicados por la policía han determinado que se trataba de 10,7 kilos de una “droga dura” según la lista de Viena, lo que ha llevado al fiscal a considerar que se trata de una cantidad significativamente notoria, razón por la que pide en su calificación de los hechos de tres años y cuatro meses de cárcel, el doble de la pena normal que es de l de un año y 7 meses. Habitualmente todos los miembros de la junta son procesados en casos similares pero esta vez el peso de la persecución recae sobre A.

Lo que ellos necesitan, según A. es una solución política que permita el cultivo de cannabis para un consumo responsable y regulado; al menos, que les dejen vivir como hasta ahora en la alegalidad, sin perseguirles activamente. Dado que las asociaciones funcionan reglamentariamente y valorando intereses públicos como privados, Maritxu fue una de las asociaciones que solicitaron permiso al Estado para cultivar pequeñas cantidades de cannabis, solicitudes que fueron denegadas. De momento, la federación no tiene intención de mediatizar ni dilatar este nuevo proceso contra Maritxu, ni de enmarañarlo ocultando la verdad. Reconocerán los 10 kilos y explicarán a qué estaban destinados. A. es consciente de la situación en la que se encuentra pero no tiene miedo, ni siquiera está intranquila, el desengaño mismo que ha sufrido reconstruye en ella una nueva fuerza interior, y cree que en la guerra contra el mundo cannábico ella no es más que un número más.