Bilbao - La titular del Juzgado número 3 de Bilbao ve indicios para acusar al exjefe de Calidad del Hospital de Cruces José Carlos Margüello, a su socia, Nieves Fernández, a un ex viceconsejero, Rafael Cerdán, y a un ex director de Sanidad, José Ramón Elorriaga, por supuestas irregularidades en contratos de servicios de Osakidetza en 2006, lo que se denominó caso Margüello cuando era consejero Gabriel Inclán. Según se recoge en el auto, estas cuatro personas podrían ser acusadas de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y de negociaciones prohibidas a funcionarios ya que se habrían beneficiado, presuntamente, de contratos públicos por un importe de seis millones de euros.
Tras este auto, el Ministerio Fiscal y las partes acusadoras deben solicitar la apertura del juicio oral y presentar el escrito de acusación, o, por el contrario, solicitar el sobreseimiento de la causa. La resolución relata que el 6 de febrero de 2006, se constituyó la mercantil Gestión de Servicios Sanitarios XXI por Nieves Fernández, aunque “el apoderado y auténtico administrador y quien en realidad controlaba la sociedad era Margüello”, en aquel momento jefe de Calidad de Cruces y, por tanto, en régimen de incompatibilidad con dicho puesto. El 26 de febrero de 2006, la sociedad solicitó a la dirección de Sanidad en Bizkaia, cuyo titular era José Ramón Elorriaga, autorización para la prestación de servicios sanitarios, lo que fue rechazado por los funcionarios.
El auto indica que Elorriaga “presionó” a esos funcionarios para emitir informes favorables y al no conseguirlo, él mismo emitió la autorización en un informe en el que “se obviaron los trámites y controles legales exigidos” y que, posteriormente, se declaró nulo.
La juez mantiene que el “único propósito” de esa resolución era “permitir a Gestión de Servicios Sanitarios XXI el acceso a la contratación pública y fondos públicos derivados de la misma para lucro y beneficio económico de los investigados”. Veinte días después de esa autorización, Elorriaga y Cerdán adjudicaron a la citada empresa un contrato público relacionado con listas de espera por más de un millón de euros. Para poder adjudicar dicho contrato se utilizó el procedimiento de emergencias, previsto para casos de catástrofes.
“Con idéntico propósito”, según la juez bilbaina, Elorriaga cerró “sin justificación” en 2007 un expediente de contratación iniciado según los trámites normales y lo cambió “por otro no público” que otorgó a la empresa de Margüello. El importe inicial de este contrato era de 212.800 euros, que posteriormente se prorrogó y supuso, al final, un importe de más de cinco millones de euros. - Efe
Adjudicaciones. La juez considera que los investigados obtuvieron “un favorecimiento en las adjudicaciones públicas que concluyeron en la entrega de elevadas cantidades de fondos públicos que no debieran haber recibido”.
Seis millones. Fueron adjudicaciones por seis millones de euros y, todo ello, con “lesión de los principios de legalidad, publicidad y concurrencia y perjuicio económico derivado del aumento de las cuantías y subidas de tarifas de los servicios prestados”.
Delitos. Ve indicios de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.
