MADRID. Con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, el sindicato de enfermería considera "muy necesaria" la existencia de una ley que regule a nivel estatal las actuaciones que a todos los niveles (el de la prevención, sensibilización, información y apoyo) se han de acometer por parte de las diferentes administraciones implicadas.

La organización sindical reconoce lo positivo del paso dado el pasado año de reformar del Código Penal para que los funcionarios sanitarios sean considerados autoridad pública, pero reitera que "queda mucho trabajo por hacer si realmente se quiere acabar con este tipo de situaciones".

Esta modificación normativa contempla las agresiones físicas o el oponer resistencia e intimidarde manera grave o violenta, pero según Satse "no atiende otras conductas, también lesivas y muy habituales en el ámbito sanitario, como las injurias, las amenazas o las coacciones".

Por ello, aboga por una ley que garantice la adecuada protección y asistencia jurídica de los sanitarios, así como la cobertura de su responsabilidad civil en relación con los hechos que se derivan de su ejercicio profesional, tanto dentro como fuera del centro sanitario.

También defiende que se adopten medidas cautelares o provisionales en el centro sanitario después de que se produzca una conducta de este tipo contra un profesional.

Otra demanda de las enfermeras está en que se introduzca como sujeto del delito al empleado público y así todo aquél que trabaje para la administración, incluido el laboral, y no solo el funcionario o estatutario, estaría protegido ante las agresiones.

En su opinión, resulta "absolutamente imprescindible" la constitución de un Observatorio de Agresiones del Sistema Nacional de Salud para poder contar con una radiografía real de los casos de agresiones que sufren los profesionales sanitarios.

El sindicato cree también necesario dotar al profesional de habilidades y recursos para afrontar y manejar situaciones conflictivas al trabajar con personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad cuando acuden a los centros.