La Comisión Europea pone mala nota a España en el área social y afea la pobreza

EAPN España ha profundizado en el análisis que la Comisión Europea hace de la situación de España y del grado de cumplimiento de las metas comprometidas en el marco de la Estrategia Europa 2020, y concluye que no se están cumpliendo objetivos muy relevantes para el bienestar actual y futuro de buena parte de la población. Según recoge la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), el informe de Bruselas señala textualmente que “a pesar de las mejoras observadas en el mercado laboral, la pobreza sigue siendo una importante preocupación. Los indicadores que miden la pobreza y la exclusión social son muy altos en relación con la media de la UE y en 2014 se deterioraron aún más, lo que sugiere que, a pesar de las mejoras del mercado laboral, revertir el impacto social de la crisis puede llevar tiempo”. La CE también dice que “además de las aún complicadas condiciones del mercado laboral, la incidencia de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza sigue siendo escasa, especialmente en el caso de los niños. Por otra parte, sigue habiendo grandes disparidades regionales en cuanto a las medidas de prestación, criterios de admisibilidad e idoneidad de los regímenes de apoyo a las rentas mínimas”.

Tras incidir en la elevada tasa de desempleo y en la falta de oportunidades y medidas dirigidas a los jóvenes, la Comisión Europea señala que “la pobreza, la exclusión social y la desigualdad han empeorado como consecuencia de la crisis y siguen siendo de las más altas de la UE. En los últimos años, las tres dimensiones de la pobreza y la exclusión social se han deteriorado considerablemente y el porcentaje total de personas en riesgo de pobreza o exclusión social alcanzó el 29,2% en 2014 (frente a un 24,4% en la UE). Esto representa un aumento de más de 1,3 millones de personas con respecto a 2010. Entre 2013 y 2014, la tasa de riesgo de pobreza aumentó en 1,8 puntos porcentuales, hasta situarse en el 22,2%, aunque el umbral de pobreza siguió bajando, lo que refleja una caída brusca del nivel de vida (asociada a la disminución de los niveles de la renta disponible de los hogares). En 2014, la desigualdad de ingresos, medida por la ratio entre las rentas más altas y las rentas más bajas, se situó en 6,8, frente a 6,3 en 2013 y 5,9 en 2009”.

Más desigualdad “España se encuentra entre los países con el nivel más elevado de desigualdad y es el país donde más aumentó esta durante la crisis, impulsada principalmente por el desempleo y la polarización de los ingresos entre las personas ocupadas (Employment and Social Developments in Europe 2015). Las fuertes disparidades regionales contribuyen también al nivel global de desigualdad en España: el porcentaje de población expuesta al riesgo de pobreza o exclusión varía entre el 20% o menos en Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja y casi el 40% o más en Andalucía, Extremadura, Murcia y Ceuta”, añade la CE.

Aunque el informe de Bruselas destaca como positivas algunas medidas de recorte adoptadas por el Gobierno español, en el análisis de las consecuencias de las políticas de ajuste coincide con muchas entidades sociales. “La profundidad de la pobreza -dice el documento de trabajo de los servicios de la Comisión- puede medirse por la caída del umbral de ingresos, el aumento de la brecha de la pobreza (diferencia entre la renta mediana de las personas pobres y la renta mediana) y el aumento de la privación material grave. Además, los muy elevados niveles de desempleo de larga duración, especialmente entre las personas menos cualificadas, están teniendo efectos importantes en la pobreza y la exclusión social. En combinación con el fuerte aumento del tiempo parcial involuntario y el elevado porcentaje de trabajo temporal, que son de los más elevados de la UE, y con el nuevo aumento de la pobreza de los ocupados, dificultan el impacto potencial del crecimiento del empleo en la reducción de la pobreza”.

Menores. Los menores siguen siendo el grupo más amenazado. Se ven directamente afectados por el deterioro de la situación de sus progenitores en edad de trabajar y por el impacto relativamente bajo de las prestaciones familiares en la reducción de la pobreza. Casi 3 millones de niños y niñas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2014, de los cuales 1,3 millones pertenecían a hogares con ingresos muy bajos (menos del 40% de la renta mediana de los hogares). Los hogares monoparentales (que en su mayoría tienen a una mujer como cabeza de familia) son los que siguen afrontando mayores riesgos. Vivir en hogares en los que los progenitores no han cursado la educación secundaria o no son nacionales del país sigue siendo un factor de mayor riesgo.

Inmigrantes. La pobreza y la exclusión social siguen cebándose de forma desproporcionada en los migrantes, la población romaní y las personas con discapacidad. La situación de los migrantes de terceros países ha empeorado significativamente durante la crisis. La tasa de desempleo alcanzó el 35,1% en 2014, año en el que el 55,1% de los adultos migrantes se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social (frente a un 45,3% en 2010).

Rentas mínimas. En España, los regímenes de renta mínima siguen siendo una serie de programas desconectados entre sí con grandes disparidades regionales. Se registran grandes disparidades entre Comunidades Autónomas en las modalidades de prestación, los criterios de admisibilidad y la adecuación, con niveles de beneficios en torno o por debajo del 40% de la mediana de la renta nacional en la mayoría de las Comunidades. Pese a las importantes subidas registradas desde 2008, el número total de hogares que reciben apoyo para garantizar una renta mínima no llegaba en 2014 al 1,5%, un porcentaje muy por debajo del número estimado de hogares en situación de necesidad, teniendo en cuenta el alto porcentaje de hogares en el que ninguno de sus miembros trabaja.

Desahucios. El impacto social de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios sigue siendo fuerte y significativo. Según datos del Banco de España, en 2014 se produjeron 36.500 embargos de viviendas principales, lo que representa aproximadamente el 0,6% de los créditos hipotecarios concedidos para la compra de la vivienda principal. Más de la mitad de los embargos fueron voluntarios, pero 1.800 de las viviendas principales embargadas seguían estando ocupadas en el momento del desahucio.

Pobreza energética. La pobreza energética sigue siendo un problema. Durante la crisis, los altos precios de la energía, junto con la situación en el mercado laboral y los elevados niveles de pobreza persistente, se tradujeron en una mayor proporción de hogares afectados por la pobreza energética (10% en 2014). Además, en 2014, el 9,2% de los hogares españoles tuvieron dificultades para pagar las facturas de servicios, y la proporción de familias monoparentales con hijos a cargo fue del 17,9%.