BILBAO. La AVC ha considerado demostrado que durante al menos diez años -hasta el 2014-, las ocho empresas sancionadas renunciaron a competir en todos los lotes para los que habían demostrado capacidad, por medio de una pauta orquestada de presentación de ofertas con el objetivo de conseguir un reparto de lotes.
De esta forma durante todos los años investigados las empresas sancionadas llevaron a cabo una práctica que les garantizó la prestación del servicio de comedores en el mismo lote a cada una de ellas y a un precio alterado al alza por la concertación.
La AVC declara en su resolución que la conducta de las ocho empresas que se adjudicaron los lotes constituye una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe cualquier práctica concertada entre empresas que tenga por objeto o por efecto restringir la competencia en el mercado.
Por estas razones la AVC ha impuesto las siguientes sanciones a las empresas investigadas: Auzo Lagun, 6.108.446 euros; Cocina central Goñi, 522.879; Cocina central Magui, 775.827; Eurest colectividades, 6.640.713; Eurest Euskadi, 135.497; Tamar Las Arenas, 1.108.347; Gastronomía cantábrica, 1.626.662; Gastronomía Vasca, 1.546.226 euros.
La AVC ha calculado las sanciones tomando como base el volumen de negocios de cada una de las empresas, su participación en la infracción, la reiteración de la conducta durante diez años, el peso que estos contratos suponen en el total de su facturación y la relevancia del mercado afectado.
De estos elementos resulta el volumen final de las multas, que varía entre el 7,40 % y el 3,05 % del volumen de negocios de las empresas.
La AVC ha destacado que esta concertación ha provocado un grave quebranto a las arcas públicas y los usuarios del servicio, dado que afecta a un porcentaje elevado de población y que los costes son parcialmente financiados por el Gobierno Vasco de manera directa (en un 35 % del presupuesto) e indirecta (vía ayudas a estudiantes).
En los diez cursos sujetos a investigación el Departamento de Educación dedicó 854 millones de euros solo para sufragar este servicio.
Según la AVC, la falta de competencia durante todo este tiempo ha impedido a la administración convocante de los concursos y a las propias familias -que llevan a sus hijos e hijas a los centros y que abonan una parte del precio del menú escolar- beneficiarse de las diferencias en precio y calidad del servicio que se derivan de la libre competencia, a la vez que "un beneficio extraordinario e ilícito para las empresas".
Este curso 2015/16 el Gobierno Vasco ha modificado el sistema de contratación de los comedores escolares. Según la AVC, solo con esta "limitada apertura a la competencia" que se ha producido en el curso 2015-16, una vez incoado el expediente, se ha generado un ahorro de 7 millones de euros sin merma en la calidad del servicio.
