Gasteiz - Poco más de cuarenta y ocho horas. Ese es el plazo que tienen varias miles de personas (hasta 4.000 según algunas fuentes sindicales) que podrían verse afectadas por la entrada en vigor de una normativa que les obliga a acreditar ante la Administración Pública su cualificación profesional en las categorías de cuidador, gerocultor y de auxiliares de ayuda a domicilio para regularizar temporalmente su situación y poder seguir trabajando a partir del 1 de enero de 2016.
Además y excepcionalmente, se habilitará a las personas que tengan una edad igual o superior a 55 años a 31 de diciembre de 2015, y que actualmente están desempeñando sus funciones en las categorías profesionales de cuidador, gerocultor y de auxiliares de ayuda a domicilio, para que puedan seguir trabajando si acreditan una experiencia de al menos tres años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en esas categorías profesionales en los últimos diez años. Esas personas deberán igualmente inscribirse con objeto de obtener dicha habilitación.
Ante este escenario, la preocupación y el malestar entre el personal trabajador del ámbito de la dependencia no se ha hecho esperar. Así, por ejemplo, instan al Gobierno Vasco a que adopte con urgencia las medidas que sean necesarias para garantizar el empleo de este sector tan numeroso. El Ejecutivo explicó que la aplicación de este criterio tiene su origen en una resolución dictada en noviembre por la Secretaría de Servicios Sociales e Igualdad española que considera necesario “identificar a las personas trabajadoras que no tengan acreditada su cualificación profesional con el fin de evaluar la situación y avanzar” en la profesionalización del sector. Sostiene la administración que con este registro se podrán mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, ya que ofrecerá a las familias la posibilidad de facilitar la búsqueda de aquellos que ejercen este oficio, con información completa sobre sus antecedentes. Además, beneficiará a los trabajadores del sector, ampliando la oferta laboral y brindando capacitaciones.
La directora de Adultos Mayores, Viviana Traversa, justifica la creación de este registro en que “desde el inicio de este año venimos elaborando, de forma conjunta con varias instituciones, un registro de cuidadores domiciliarios, asistentes gerontológicos y para personas con discapacidad. La importancia de armar este registro es que actualmente no existe ninguno. Durante muchos años, hubo uno pequeño -añade- pero el año pasado nos solicitaron que armemos un registro completo, ya que las familias no saben a quién llamar para obtener los datos de una persona que realiza cuidados domiciliarios”, sostiene.
Asimismo, la directora resaltó que a través de este registro se pondrá en valor el rol del cuidador domiciliario e indicó que “es un oficio sumamente difundido, pero que debe ser reconocido y que exista un lugar donde sus datos queden plasmados, junto con el tipo de cuidados que realiza y la población objetiva a la que se dedica, será útil para cualquier trabajador, porque este registro estará a disposición de toda la comunidad, lo que facilitará su acceso a las fuentes laborales”.
Un plazo ínfimo Desde el sindicato Comisiones Obreras de Euskadi denunciaron “el plazo ínfimo” que se concede para registrarse “que a nuestro entender da a lugar a una situación de clara indefensión legal. Es un plazo claramente insuficiente, con el riesgo de que algún o alguna trabajadora se pueda quedar fuera, con consecuencias graves, llegando a peligrar sus puestos de trabajo”, describían. La Dirección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco ha creado un registro para facilitar la inscripción de todas estas personas. Dando su nombre en este registro, las personas podrán seguir trabajando a partir del 1 de enero.
A partir de esa fecha, tendrán hasta finales de 2017 para poder acreditar su cualificación, aunque “podrá alargarse hasta que finalicen los procesos de acreditación de la experiencia laboral que se hayan iniciado entre las citadas dos fechas”, apostillaban. Cumplidos dichos plazos, serán exigibles los requisitos relativos a las cualificaciones profesionales de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y de atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
Hasta entonces, la falta de acreditación no tendrá efectos sobre los trabajadoras que estén participando actualmente en estos procesos, o en un programa formativo que le habilite para el desempeño de estas categorías profesionales, ni sobre las empresas o entidades prestadoras de la atención, ni afectará a las administraciones públicas. “De esta forma, se garantiza la estabilidad en el sector”, destacó el Ejecutivo vasco.
