vitoria - Las necesidades de las familias, de las personas mayores o de quienes tienen alguna discapacidad son iguales o muy parecidas vivan en Ciudad Real o en Bilbao. Sin embargo la atención y ayuda pública que reciben estas personas es muy diferente en función de la comunidad autónoma en la que residan. Se puede afirmar que para educarse, tratarse una enfermedad o contar con unos ingresos mínimos no da lo mismo vivir en un sitio que en otro. Euskadi es la comunidad que menos ha recortado su presupuesto en esta materia y destina 3.010,97 euros por persona, 852,47 euros más que el gasto medio estatal.

Las diferencias territoriales en el gasto social -el que va destinado a sanidad, educación y protección social-, en la oferta y prestación de servicios, así como en la implicación de las administraciones en la atención de las necesidades de los ciudadanos son más que evidentes desde hace mucho tiempo, pero los ajustes presupuestarios y los recortes aplicados a raíz de la crisis han acentuado la desigualdad entre unas zonas y otras.

Así, si un informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) señala que la brecha entre la comunidad autónoma que más gasta en servicios sociales básicos y la que menos era del 62% en 2013, un análisis de los recortes aplicados entre 2009 y 2015 -realizado por la asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales- evidencia que la diferente intensidad de los ajustes aplicados por las administraciones ha aumentado esas diferencias territoriales. Esto tiene consecuencias a la hora de acceder a la educación o la sanidad públicas, cuando se trata de obtener ayuda domiciliaria, una prestación social o de ser evaluado como dependiente. En los servicios sociales básicos hay comunidades de primera y de segunda y eso, según los expertos, deja en papel mojado el principio de igualdad de acceso a los recursos públicos.

2.159 euros El último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sobre el gasto social de las comunidades autónomas señala que en 2015 las administraciones autonómicas destinan 16.976,9 millones menos a políticas sociales (sanidad, educación y servicios sociales) que en 2009. El gasto por habitante y año ha pasado de 2.535,4 euros en 2009 a 2.158,9 en 2015. Esto supone que se ha aplicado una reducción del 14,5% en el área social, mientras que el total del presupuesto de las CC.AA. ha sufrido un recorte en este periodo del 4,9%. Según las cuentas de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, “el recorte acumulado en estos 7 años de crisis económica, cuando más necesarias son las políticas sociales, asciende a 74.152 millones de euros”.

Aunque la reducción media en el gasto social entre 2009 y 2015 es del 14,5%, no todas las comunidades han aplicado la tijera por igual y hay dos -Castilla-La Mancha y Catalunya- que han recortado sus presupuestos más de un 26%. En el lado opuesto el País Vasco es la comunidad que menos ha rebajado su inversión social en estos años -un 4,18%-, lo que le permite estar a la cabeza en gasto por habitante: 3.010,97 euros y 852,47 euros más que el gasto medio estatal por persona, que en 2015 es de 2.158.50 euros..

prestaciones sociales La evolución del gasto social de las comunidades autónomas muestra las mayores disparidades cuando se trata del dinero destinado a los diferentes servicios sociales. La reducción media para el conjunto del Estado español es del 10,95%, pero hay cuatro comunidades que en lugar de reducir han aumentado su gasto en los últimos seis años. El País Vasco es la que más ha subido su presupuesto para ayudas familiares y personales, atención a dependientes o lucha contra la exclusión, entre otros dines, de forma que el gasto de Euskadi en protección social en 2015 es un 41,12% superior al del año 2009. Las otras tres comunidades que han incrementado el gasto son Valencia (un 28,54% más), Asturias (18,31%) y Baleares (10,57%). Entre las que han recortado destaca Castilla-La Mancha, con una reducción del gasto en servicios sociales del 37,42%.

El gasto en servicios sociales presupuestado por las administraciones de Euskadi durante este año asciende a 393,99 euros por habitante -el quinto más alto del Estado- y supone el 6% del presupuesto total de la comunidad. Según el informe Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades, elaborado por la Fundación BBVA y el IVIE, y que mide la evolución del gasto en servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y protección social) entre 2002 y 2013, las diferencias territoriales existieron en el inicio y el final de la muestra analizada, pero en ese intervalo de tiempo se observa que la brecha ha crecido un 20%. El resultado es que el gasto en servicios públicos fundamentales muestra una diferencia del 38,5% entre la comunidad que más gasta (Asturias) y la que menos (Canarias). Unas diferencias que son similares en el caso de la educación (entre Madrid y País Vasco hay una brecha del 36% o de 433 euros por habitante), de la sanidad (la distancia entre Andalucía y Asturias es de 31,1% o de 532 euros por habitante) o de la protección social (hay 2.677 euros per cápita de diferencia entre la que más gasta, Canarias, y la que menos, Madrid). Este informe incluye en el apartado de protección social tanto las pensiones de jubilación, como la cobertura por enfermedad o incapacidad, la protección a la familia, el desempleo y la exclusión social.