Condenan a José Maria del Nido y a Julián Muñoz a dos años y tres meses de prisión

Anticorrupción rebajó su petición de pena inicial de 11 años de cárcel y solicitó finalmente dos años y tres meses de prisión para Del Nido, que reconoció los hechos en el juicio, y tres años y medio para Muñoz. El Ayuntamiento, como acusación particular, pidió cinco años y cinco años y medio de cárcel, respectivamente.

La Sala condena a Muñoz y a José María y Oscar del Nido por los delitos de malversación de caudales públicos en concurso medial con otro de prevaricación administrativa y otro de falsedad, todos con carácter continuado. En los tres casos se aplica las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas y se les impone cinco años de inhabilitación absoluta.

Se condena a dos años y dos meses de prisión por malversación en concurso con falsedad a Vicente Manciles, excoordinador de obras; a Antonio Calleja, exgerente de una sociedad municipal; y a dos exfuncionarios; y a ocho meses de cárcel a otro acusado.

Se insta a que los condenados indemnicen conjuntamente al Ayuntamiento con 1,4 millones de euros, respondiendo Muñoz y los hermanos Del Nido del 85 por ciento, otros cuatro acusados, del 12 por ciento; y el último, del tres por ciento. Además, el exalcalde, los dos hermanos y Calleja deberán pagar otros 299.060 euros.

La Sala señala que los hermanos Del Nido han precisado cómo repararán el daño, pero aplica esta atenuante a todos, aunque no lo hayan hecho, por ser de "justicia material" y ante "la convicción de que los artífices de la trama ideada para vaciar las arcas del Ayuntamiento fueron los acusados José María y Oscar del Nido; que, por otra parte, fueron los que principalmente se lucraron, sin perjuicio de que compartieran el botín, en mayor o menor medida, con los otros acusados".

En su sentencia, de 193 folios, que se puede recurrir y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal absuelve a cuatro personas, que son el exinterventor municipal Juan Antonio Castro; Juan José del Nido, otro hermano del letrado sevillano --para el que se retiró la acusación--; la exmujer de Oscar del Nido y el exedil de Hacienda Antonio Luque.

LOS HECHOS

La Sala explica la "situación de corrupción creada en el Ayuntamiento", algo ya declarado en otras sentencias, y precisa que Del Nido, desde 2001, ocupó "una posición preponderante en el Consistorio, hasta el punto de que se convirtió de facto en una de las personas de mayor influencia y decisión dentro", junto con el regidor.

"Del Nido --dice la resolución-- fue artífice y director, junto al señor Muñoz, de las decisiones sobre el Ayuntamiento, no sólo en su vertiente jurídica, sino en materia de contratación de las sociedades, ejecución de obras, funcionamiento ordinario del Consistorio y de sus sociedades, e incluso sobre cuestiones políticas".

Se señala que Fergocon se constituyó "con el fin prioritario y prácticamente exclusivo de realizar obras para el Ayuntamiento, así como para canalizar el traspaso de bienes municipales a favor" de Oscar y José María del Nido, que dirigían la empresa; y de Muñoz.

Así, se indica que esos tres acusados "se concertaron para lograr el apoderamiento ilícito de caudales públicos mediante la aparente realización de actuaciones a través de Fergocon", para lo que se hizo la adjudicación directa de obras y servicios, la aparente ejecución de los mismos y el pago de las facturas emitidas.

Tras las adjudicaciones irregulares de las actuaciones y, una vez ingresados los capitales en Fergocon, "Oscar del Nido era el encargado de sacar los fondos de la cuenta bancaria y de distribuirlos en tres partes, una para Julián Muñoz, otra para José Maria del Nido, y otra para él mismo", según considera probado.

En cuanto a las contrataciones, se indica que las hizo Muñoz "prescindiendo absolutamente de los procedimientos establecidos", con conocimiento del gerente que "asumió las órdenes". En la segunda fase, se adjudicaron a Fergocon los trabajos, emitiendo la empresa entre mayo de 2001 y diciembre de 2002 un total de 502 facturas por un importe de 5,1 millones de euros.

"Los acusados crearon deliberadamente una situación adecuada y eficaz para ocasionar un grave perjuicio al erario público", dice el Tribunal, con obras ejecutadas sin proyectos o presupuesto previo, lo que "garantizaba la más amplia arbitrariedad y opacidad de los trabajos y de la facturación", contándose con "la connivencia de los técnicos municipales" condenados.

De esta forma, se dio el conforme a facturas por trabajos no ejecutados --porque la empresa no tenía medios para hacerlo-- o realizados a precios "muy superiores a los de mercado", produciéndose "un desvío de capitales públicos a manos privadas". El pago se hizo con transferencia de bienes inmuebles mediante un convenio de dación en pago o por transferencias bancarias.

Los hechos por los que fueron acusados Muñoz y los hermano Del Nido "han quedado acreditados mediante sus propias manifestaciones" en el juicio, recordando la Sala que el letrado "reconoció que parte de sus honorarios profesionales los cobraba por medio de las facturas que emitía Fergocon, cuyo importe se incrementaba entre un 10 y un 15 por ciento".

El exregidor declaró en los mismos términos y Oscar del Nido añadió que las adjudicaciones se hacían "a dedo" y que su hermano planificó la adjudicación de bienes a Fergocon. "Poco más puede decirse a la vista de tal conformidad", dice la sentencia, añadiendo que esto era "fruto de un plan tendente a la creación formal de facturas mendaces para detraer fondos municipales".

Se señala que aunque el Ayuntamiento contaba con funcionarios para estas actuaciones, se utilizaron las sociedades municipalizadas "para crear una situación de opacidad y falta de transparencia apta para encubrir ilegalidades e impedir el control sobre el dinero", creándose "un panorama de absoluto descontrol del gasto municipal".

"Hubo un incumplimiento de la normativa sobre contratación y un control de los pagos meramente contable pero no financiero, creándose una apariencia formal de legalidad, que pretendía encubrir un cobro ilegítimo, extrayendo caudales públicos para hacerlos propios", se apunta.

NO ACREDITADO

Para el Tribunal, no ha quedado acreditado que los acusados Juan Antonio Castro y Antonio Luque hicieran dejación de sus funciones para posibilitar todo esto.

En el caso del exinterventor, cuya defensa ha dirigido el letrado José Manuel Vázquez, se alude a la imposibilidad de fiscalización de las sociedades municipales, indicando que "a través del sistema que se había instaurado, el Ayuntamiento no ejercía la función de control financiero, ni exigía la justificación del empleo dado a las transferencias ni la procedencia de las deudas asumidas".

Se aplica dilaciones indebidas porque han transcurrido 12 años desde que se inició la causa, un retraso "que, no imputable a los acusados ni al órgano jurisdiccional, puede atribuirse genéricamente al Estado, quien debe poner los medios para que las causas, a pesar de su complejidad, se juzguen en un plazo razonable".