Bilbao - La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ya no oculta su “preocupación” por las trabas a los pluses salariales de su personal docente e investigador (PDI) por parte del Departamento de Educación. Primero ha intentado obstaculizar la reactivación del proceso que reconoce los méritos del profesorado tras cinco años en el congelador, recurriendo ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que obliga a reiniciar las convocatorias y hacerlas cada año. Y ahora no incluye en el anteproyecto de los presupuestos la partida suficiente para atender la convocatoria aprobada por el Consejo Social de la UPV/EHU en junio y publicaba en el Boletín Oficial del País Vasco en setiembre. Según fuentes consultadas, los pluses van de los 1.650 a los 5.500 euros anuales, por lo que el montante se acercaría a los 5 millones de euros.
El malestar que vive la comunidad universitaria cristalizó ayer en el Claustro celebrado en el Bizkaia Aretoa de Abandoibarra. Fernando Plazaola, rector en funciones de la UPV/EHU -por la convalecencia de Iñaki Goirizelaia- fue el encargado exponer ante el Claustro el balance de gestión del último curso. Y no pasó por alto el “problema” de los pluses. “Nos preocupa la partida de dinero prevista para los complementos”, afirmó Plazaola. Según aseguró, la universidad está haciendo “todo lo que está en nuestras manos” para dar con una salida, pero la pelota está en el tejado de Educación. En este sentido dijo: “Esperamos que el Gobierno vasco cumpla lo dispuesto en el decreto de complementos, respecto a la financiación”.
Los movimientos del Gabinete Uriarte que podrían dilatar el abono de los pluses -debe cubrir el 85%-90% de los mismos- ha vuelto a enrocar un largo conflicto que se daba por zanjado junio. En ejecución de la sentencia del TSJPV de marzo de 2015, el Consejo Social de la UPV/EHU -en el que Educación tiene un peso importante- aprobó la quinta convocatoria de complementos para que el PDI solicite la evaluación de sus méritos en docencia, investigación y transferencia de conocimiento. El colectivo más afectado por la tijera que llevó a la paralización de las convocatorias en 2010 es el profesorado joven, cerca de 1.200 PDI que nunca han visto reconocidos sus méritos pese a estar en disposición de acreditarlos. En segundo lugar, están los profesores que quieren consolidar los complementos que ya tiene concedidos. Y en tercero, los que optan a mejorar su puntuación. Por tanto, hay más de 3.000 PDI pendientes de que la convocatoria de 2015 realmente tenga los fondos que establece el decreto de 2011.
Además de la experiencia docente, la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq) usa distintos criterios para medir el rendimiento de los profesores: publicaciones de investigación en libros o revistas científicas, participación en proyectos de concurrencia competitiva, participación en congresos, estancias en centros de investigación internacionales, becas y premios... En función de la puntuación obtenida, el profesor recibe una cantidad anual u otra en cada convocatoria. Solo se pueden presentar a la revisión de méritos cada cinco años.
La incertidumbre generada en la plantilla por la postura de Educación ha crispado los ánimos en la universidad. El sindicato Steilas ha reclamado “la dimisión inmediata” de la consejera Cristina Uriarte y la retirada por parte del Gobierno Vasco del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo. La central considera que Uriarte es “la máxima responsable de mantener los recortes salariales del personal de la UPV/EHU, de los problemas de financiación que ha padecido la UPV/EHU y de no asumir el coste presupuestario que suponen los complementos”. Para ello, dicen que la titular de Educación “se ha valido de presiones a la dirección de la UPV/EHU y de artimañas en el Consejo Social de la UPV/EHU para lograr que se interrumpan las convocatorias”. También le responsabiliza de la última maniobra judicial que “castiga a todo el PDI, pero especialmente al peor remunerado, cuyos salarios ni de lejos alcanzan a homologarse con los del profesorado de Secundaria”.
El problema llega al Parlamento El recurso también ha llegado hasta la Cámara Vasca. En una respuesta parlamentaria, la consejera defiende la interposición del recurso contra el fallo del 18 de marzo de 2014 que dictó la Sala de los Social del TSJPV en el conflicto colectivo entablado por los sindicatos Steilas y LAB frente a la UPV/EHU por la paralización de las convocatorias ya que considera que “no se ajusta a derecho”. El motivo fundamental, que el tribunal no emplaza al Gobierno Vasco “a pesar de que tenía un interés directo en dicho procedimiento”. Al haber sido denegada la casación contra el fallo, el Gobierno Vasco interpuso en junio de 2014 un recurso de queja ante el TS que ha sido admitido a trámite “recientemente”. Preguntada sobre si es consciente de que está “castigando al personal”, Uriarte se limita a responder que “cada institución debe actuar con plena garantía del principio de seguridad jurídica” y añade que cada una de las instituciones implicadas en este proceso “tiene su propia responsabilidad” en el mismo.
