MADRID. Así se desprende del II Informe de los Servicios Sociales en España, elaborado a partir de las opiniones de 1.500 trabajadores del sector de todas las comunidades autónomas, que se ha presentado hoy en la jornada "El trabajo social ante la reforma de la Administración local".
La presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Ana Isabel Lima, ha pedido la derogación de la reforma local, que prevé desde el 1 de enero de 2016 que los ayuntamientos dejen de tener las competencias en servicios sociales para pasar a las comunidades autónomas.
Lima ha subrayado que el actual momento de "emergencia social" que vive el país es el menos indicado para poner en marcha "una medida de austeridad" como la reforma local, que conllevará la supresión de los servicios sociales para ahorrar 8.000 millones de euros, cuando haría falta "reforzarlos".
A su juicio, la reforma local "atenta contra la autonomía local, pone en peligro la cohesión social y nos retrotrae a un modelo asistencialista, de beneficencia franquista, preconstitucional y discrecional".
La crisis ha provocado un aumento de la demanda de los servicios sociales, puesto que hay más usuarios habituales y nuevos, según el estudio, que se ha expuesto en la jornada organizada por el Consejo General de Trabajo Social y el Comité Español para el Bienestar Social.
El 86 por ciento de los encuestados afirma que durante los últimos seis meses han tenido que soportar una carga elevada o muy elevada de trabajo, en las áreas de información y valoración, apoyo familiar y protección de menores.
La investigación refleja un cambio en el perfil de los usuarios, con un aumento de las personas que antes eran de clase media, de las que no tienen ningún tipo de ingresos y de los jóvenes.
También constata un aumento de la demanda como consecuencia de la pobreza y la exclusión, seguida de la atención a la dependencia y, en menor medida, de la discapacidad, la infancia y la juventud y la mujer.
Asimismo, pone de manifiesto la tendencia a la privatización de los servicios sociales, ya que el 9 por ciento de los trabajadores sociales está empleado en un centro de titularidad pública, pero de gestión privada, una opción antes inexistente que se ha disparado en los últimos años.
Lima ha destacado que este fenómeno está vinculado a la política de dejar en manos del tercer sector la responsabilidad pública de la protección social.
La presidenta del Consejo ha señalado que los recortes de 1.800 millones de euros en servicios sociales en la última legislatura han motivado una reducción de las plantillas del sector y han puesto en peligro la calidad y la universalidad de la atención en este ámbito.
En los últimos tres años, ha empeorado de forma significativa la atención a la dependencia dirigida a las personas mayores (en opinión de un 79 por ciento), la atención a la pobreza y la exclusión social (77) y la mujer (76).
Más de un 70 por ciento de los trabajadores sociales considera que las medidas de austeridad han vulnerado los derechos humanos de las personas a las que atienden.
El 69 por ciento califica la reforma local de "mala" o "muy mala" y la mayoría cree que supondrá un empeoramiento de los servicios de proximidad al ciudadano (74 por ciento), de la calidad de la asistencia (71 por ciento) y de los derechos sociales (70 por ciento).
