Bilbao - El Consejo Escolar de Euskadi y las familias de la escuela pública vasca (Ehige) observan con recelo la decisión del Gobierno Vasco de ampliar a 34 horas el horario semanal en Bachillerato que recoge el decreto Heziberri 2020, el desarrollo autonómico de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Los representantes de las AMPAS consideran que el incremento horario “no supone una mejora” de las prácticas educativas en la etapa de Bachillerato, sino todo lo contrario, “un exceso de la carga lectiva semanal” que puede suponer “una disminución en los resultados académicos” del alumnado. Por su parte, el máximo órgano de representación de la comunidad escolar vasca que preside Maite Alonso, designada directamente por la consejera de Educación, también advierte en su dictamen del decreto vasco que los centros deberían tener en cuenta la organización del horario “para que no resulte perjudicial” ya que, desde su punto de vista, “puede ser excesivo”.
El borrador del decreto que establece el currículo básico de Bachillerato en Euskadi aumenta el horario mínimo en el primer curso de 32 horas a 34 horas y a 33 horas en segundo, donde desaparece Historia de la Filosofía. El Consejo Escolar también considera deseable “reducir la jornada” del alumnado de primero y prolongar los días del curso más allá de mayo. Con ello se pretende adecuar el calendario de primero al que siguen los estudiantes de segundo, que permanecen en el instituto unas semanas más para preparar la Selectividad que la Lomce sustituye por evaluación final a partir de 2017.
El Ejecutivo vasco ha salvado la espinosa cuestión de la reválida de Bachillerato que el alumnado debe superar para lograr el título y cuyos contenidos fijará el Estado, mediante una redacción abierta y normativizando lo mínimo. De este modo, al igual que hizo con la reválida de ESO, el Gobierno Vasco orilla el carácter “selectivo” de ambas pruebas que dicta la Lomce. Esta ambigüedad no es fortuita ya que el Gabinete de Cristina Uriarte es contrario a que se realicen ambas reválidas por la misión centralizadora que encierran, aunque está obligado por imperativo legal a desarrollar la Lomce.
El Consejo se felicita porque el decreto no contemple superar la reválida de ESO por la opción de enseñanzas académicas para acceder a Bachillerato ya que el decreto vasco de Enseñanza Básica no menciona la separación entre enseñanzas aplicadas y académicas que fija la Lomce. Asimismo destaca como positivo que se mantenga la capacidad de decisión de los consejos escolares. Por todo ello, el Consejo entiende que el proyecto de decreto “minimiza” la aplicación de los que, a su juicio, constituyen los aspectos más negativos de la Lomce. Aun así, recuerda el acuerdo adoptado hace año y medio en el que el Consejo expresó “su rechazo tajante a la Lomce”, por considerar que su aplicación “ocasionaría una rémora” en la trayectoria de progreso seguida por la escuela vasca las dos últimas décadas.
Así se recoge en el dictamen aprobado en el pleno del Consejo escolar del 18 de noviembre que ha vuelto a reproducir la brecha abierta en el seno de la comunidad educativa en torno al Currículum Vasco (Heziberri 2020) que abandera el Gabinete Uriarte. El Consejo funciona como un parlamento de la educación en el que están representados los principales agentes del sistema: familias, alumnado, sindicatos del profesorado, colegios concertados, personalidades de prestigio designadas por el Gobierno Vasco y la Administración. Como órgano consultivo sus dictámenes sobre los proyectos que promueve son preceptivos pero no vinculantes. Por tanto, Lakua no está obligada a seguir sus indicaciones. Aun así la opinión del Consejo es fundamental, al menos desde la perspectiva de la legitimidad, ya que representa la posición consensuada de la escuela vasca que si por algo se caracteriza es por su diversidad. Y en el decreto de Bachillerato la escuela vasca está dividida. El dictamen cuenta con votos particulares los agentes más representarivos: las familias y los sindicatos en pleno (Steilas, LAB, ELA y CCOO) Solo han mostrado su conformidad los colegios concertados (sin las ikastolas), la Administración y los miembros del consejo nombrados por ella. Grosso modo, la corriente crítica considera que el Currículum Vasco “no renuncia suficientemente a mantener los aspectos más negativos de la Lomce” y “supone una mercantilización del sistema que deja en manos de la OCDE”.
