madrid - La cercanía de las elecciones está moviendo las fichas que antes no pudieron desencajar todas las mareas blancas ni el gigantesco descontento social. Después de tres años de duros recortes que han hundido la sanidad pública en España, después de múltiples protestas pidiendo la derogación de la reforma sanitaria, y de quejas incesantes de los profesionales que advertían de los peligros de los tijeretazos, en solo nueve meses, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha dado un giro radical a la política sanitaria de PP y ha rectificado gran parte de las decisiones de su predecesora en el cargo, Ana Mato. Alonso ha dado carpetazo al copago en farmacia hospitalaria, ha resucitado las vacunas de la varicela y del neumococo, ha congelado un buen número de copagos y, sobre todo, ha echado abajo el controvertido decreto que dejaba sin atención a los inmigrantes sin papeles.
El drástico viraje del timón sanitario no se debe solo al nuevo titular de la cartera. Fuentes del Departamento vasco de Salud señalan que “el cambio de ministro no es lo relevante. Los criterios han cambiado porque con unas elecciones a la vista y con una contestación social importante, se están desdiciendo poco a poco de cada una de las decisiones que fueron tomando”. La lista es larga, asistencia a inmigrantes, copago en farmacia hospitalaria, previsión de copago en ortoprótesis, transporte sanitario programado, vacuna de neumococo, vacuna de varicela etc...
“En caliente” Volantazos que además se dan en caliente. De hecho, la decisión de Alonso sobre la vacuna de la varicela se produjo en pleno debate tras el contagio de difteria de un niño de Olot que no estaba vacunado por decisión de sus padres. También la atención parcial a los inmigrantes fue reconsiderada después de que algunos barones del Partido Popular se rebelasen y decidiesen por su cuenta atenderles.
Las elecciones sobrevuelan como un fantasma detrás de cada medida. Y para algunos lo ocurrido responde al pánico por el ascenso de Ciudadanos, que engulle voto del PP de forma acelerada. La intención de Alonso de devolver a las personas sin documentación legal -aunque sea sólo parcialmente- su derecho a la sanidad pública, universal y gratuita incide en su estrategia para diferenciarse de su rival político. De hecho, Rajoy ha desoído de manera reiterada toda crítica contra su destrucción de la sanidad universal hasta que ha necesitado contrarrestar la fuerza de Albert Rivera, que considera, como el Gobierno antes de su rectificación, que los sin papeles no deberían tener más atención que la de urgencias.
El propio Alonso no sólo ha reculado con respecto a las medidas de Mato, sino también con respecto a sus propias palabras. En 2012, cuando se aprobó el tijeretazo con el que se obligaba a los pensionistas a pagar los medicamentos, el entonces portavoz del PP en el Congreso apoyaba la medida: “Que una persona sin tener la situación regularizada, sin situación legal, sin permiso de residencia y sin pagar impuestos, pueda disfrutar del sistema que todos los demás estamos pagando, es una situación de fraude”. “Cuando decimos que la Sanidad es universal en España no es para el universo mundo, sino para los españoles y los residentes”, dijo entonces.
El cambio de rumbo también ha afectado seriamente al calendario vacunal infantil. Alonso decidió incluir, sin oír la opinión de los científicos, la vacuna de la varicela para los bebés. Pero la política errática del ministerio en este tema provoca que pediatras y padres se pregunten “¿qué ocurrirá con los niños que en los últimos dos años no se han podido tratar porque el ministerio cambió la edad de vacunación de los 12 meses a los 12 años? ¿Y qué pasará con los pequeños que recibieron la primera dosis, pero no la segunda?”.
La vacuna en edad pediátrica salió del calendario de forma oficial en junio de 2013 cuando la ministra Mato cambió la edad de vacunación. Posteriormente retiró, hace cerca de dos años, el medicamento de las farmacias. Esta circunstancia impidió a las familias comprarlo para que el médico lo administrara. La vacuna del neumococo, que puede evitar una meningitis, se retiró también en 2012 para ahorrar, pero tras un “leve” repunte en 2014, las autoridades decidieron volver a incorporarla.
Copagos en el cajón Los copagos han sido otras de las medidas que se les han atragantado. Ya que se han visto obligados a renunciar a la introducción de nuevas aportaciones de los usuarios en transporte sanitario no urgente, dietoterapia u ortoprótesis.
Pero sobre todo el Gobierno Rajoy ha dejado en el cajón un documento fantasma con 250 fórmulas de ahorro y eficiencia, que afectaban en su mayoría a la sanidad. Esta hoja de ruta que hacía temblar los cimientos del estado del bienestar, no sólo proponía un euro por receta en todo España (euro que ya tumbó el Supremo en Madrid y Catalunya) sino que también se extendía el copago a un buen número de servicios. Por ejemplo copago por urgencias, desembolsos extras por no recoger pruebas...
La batería de tijeretazos incluía propuestas como el copago por la falta de asistencia a citas programadas, por asistencia a consulta médica y de urgencias o por prestaciones ortoprotésicas, interrupciones del embarazo y fecundaciones in vitro. También contemplaba fijar una cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando entre pensionistas y trabajadores en activos y teniendo en cuenta a los enfermos crónicos; y la posible desgravación para ciudadanos con seguro privado.
Con los recortes achicando el sistema público, la percepción de los ciudadanos cae en picado. Cuando se les pregunta sobre el deterioro de los servicios, se multiplica por tres los que creen que las listas de espera, los hospitales o la atención primaria son peores.