madrid - Amnistía Internacional y la Plataforma del Tercer Sector denunciaron que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y la reforma del Código Penal “criminalizan la pobreza de forma clara”, conculcan derechos, restringen libertades y alejan a España de los estándares internacionales de Derechos Humanos”, una crítica que el diputado del PP Francisco Márquez cree que tiene “mucha carga de prejuicio, mucha carga de ideología y poco argumento serio”.
Así se puso de manifiesto en un debate organizado por Servimedia en el que participaron junto a Márquez el titular del Juzgado de Instrucción nº 36 de Madrid, Juan Antonio Toro Peña; el diputado socialista Antonio Trevín; Fernando Lambea, del área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo; Sonia Olea Ferreras, del equipo de incidencia de Cáritas y miembro de la Plataforma del Tercer Sector; y la responsable de Política Interior de Amnistía Internacional, Virginia Alvarez.
Según afirmó Márquez, los críticos parten de la “presunción de que en los procedimientos sancionadores se va a acabar aplicando en un grado extremo” la multa prevista “sin sentido común”. “Estáis poniendo delante un cristal determinado para que la ley diga lo que creéis que dice”, contestó a quienes en la misma mesa afirmaron que la regulación conculca derechos fundamentales y se aleja de los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Para el diputado popular, que instituciones internacionales como distintos relatores de Naciones Unidas o el responsable de Derechos Humanos en el Consejo de Europa hayan expresado su preocupación por la restricción de derechos que podría suponer la nueva ley, tiene que ver con que se están anticipando a su posible aplicación en lugar de juzgar directamente lo que dice su articulado.
“Yo no he leído ningún informe oficial que descalifica la ley. Están pensando en su aplicación futura, pero no en el texto. Las críticas son legítimas, lo cual no tiene por qué significar que sean ciertas, pero se basan en la posible futura aplicación, no en el contenido de la ley”, argumentó. En todo caso, en su opinión, “pensar en que es una regresión es incorrecto” porque, aseguró, “esta ley amplía derechos”. - E.P.
