Bilbao - Desde el año 2012, las oficinas de CEAR-Euskadi han tramitado más de un millar de expedientes de apatridia (1.254 en concreto hasta el pasado ejercicio) con el objetivo de proporcionar un estatuto de protección a personas que han huido de su hogar porque su identidad nacional es solapada bajo presiones administrativas, económicas o militares. O, dicho de otro modo menos bondadoso: no tienen país ni nacionalidad reconocida por organismos internacionales.
Es el caso de los saharauis que, tal y como ya determinó una sentencia del Tribunal Supremo en 2009, no eran ni marroquíes, ni argelinos, ni mauritanos, ni españoles. Un argumento legal que ha servido para que colectivos como CEAR-Euskadi hayan tirado de la manta y encontrado un resquicio legal para que decenas de personas del Sáhara Occidental puedan acceder a esta figura de protección reconocida a nivel internacional.
Solo durante el año pasado el equipo de letrados de CEAR-Euskadi gestionó y cursó 515 peticiones de declaración de apatridia a las que habría que sumar otras 40 despachadas en Nafarroa. Esta circunstancia supone que casi la mitad (41%, en concreto) de todas las solicitudes de esta figura remitidas en 2014 al Ministerio del Interior y a las Brigadas de Extranjería (1.334, según datos aportados por CEAR-Euskadi) tuvieran origen en Hegoalde. Y aunque estos expedientes son rechazados en primera instancia por el Gobierno español, todos los recursos interpuestos ante la Audiencia Nacional han dado la razón a los demandantes. El año pasado se logró la concesión de 23 estatutos de apátrida, ocho de ellos por los tribunales.
Efecto llamada positivo “Somos pioneros en la creación de una doctrina jurídica que está provocando una concesión favorable de esta figura”, describía ayer Javier Calparsoro. Y es que, tal y como agregaba el presidente de la Oficina vasca de Ayuda al Refugiado “hemos ido creando una doctrina que ha ido convenciendo a los tribunales” de la validez de esa figura que ofrece (durante cinco años) protección y concede autorizaciones administrativas a esas personas para residir y trabajar. Pasado ese tiempo, deberían volver a reclamar que se les reconozca su condición de sinpatria.
En opinión de Calparsoro, que ayer presentó las principales conclusiones del informe anual sobre la situación de las personas refugiadas, el Gobierno español “ha bloqueado por razones administrativas” el estatuto de apatridia a pesar de que los tribunales “nos dan la razón masiva incluso con pago de costas para la Administración”.
Una figura abierta también, por ejemplo, a kurdos y palestinos; no solo a integrantes de la comunidad saharaui, aunque como reconocía Calparsoro, “la comunidad saharaui sabe que en Euskadi se ha avanzado muchísimo en este campo y han llegado muchas personas a nuestras oficinas a realizar estas solicitudes. Esto es un efecto llamada pero en positivo”, concluía.
