madrid - La paciencia ha llegado a su límite. La enésima intentona del Ministerio de Educación por implantar las normas que desplieguen los controvertidos contenidos de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y dar carpetazo a esta normativa básica resultó ayer fallida. El modelo de becas y de ayudas al estudio, y el planteamiento de las cuestionadas pruebas externas (reválidas) para el alumnado de ESO y Bachillerato encerrados en el corpus de la conocida como ley Wert desencadenaron un acto de desobediencia protagonizado por los responsables de Educación de la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya, Canarias, Asturias y Andalucía.

Se levantaron de la mesa a los 15 minutos y abandonaron la Conferencia Sectorial a la que habían sido convocados para abordar, precisamente, el desarrollo de ese par de asuntos: las becas y las discutidas pruebas de test (con 350 preguntas tipo autoescuela) para la chavalería de ESO y Bachillerato. Y lo hicieron, como explicaría posteriormente el consejero de Canarias, José Miguel Pérez (PSOE), cansados de que el Ministerio desoiga las propuestas sugeridas por los no integrados en la corriente de pensamiento del Gobierno español.

“Asistimos a una Conferencia Sectorial -expresó Pérez en nombre del grupo- que como siempre no aporta ningún documento ni respuestas a los problemas de cómo abordar los sobrecostes económicos, sin previsión para la financiación o cómo afrontar los problemas de organización de los centros educativos o las dificultades de las fechas. Nos negamos a asistir como meros espectadores al continuo desprecio al profesorado y a la devaluación constante de las competencias de la autonomía” que persigue el contenido de la Lomce. Así queda reflejado también en el recurso planteado ante el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo vasco y que, de alguna forma, aglutina el malestar generalizado de la comunidad y de los agentes educativos.

“Nunca quietos” “En cada momento hemos adoptado actuaciones de diferente índole, pero nunca hemos estado quietos”, apostillaba la viceconsejera de Educación, Arantza Aurrekoetxea. Su voz se sumaba a la de catalanes, canarios, asturianos y andaluces para denunciar que el proyecto de Real Decreto que regula las evaluaciones externas “carece de sentido y es un despropósito. No es necesario provocar incertidumbres en el alumnado y en sus familias ni tampoco desautorizar al profesorado o menospreciar a las comunidades. Entre otras cosas, -se agregaba en el documento elaborado de forma conjunta por esos cinco gobiernos- se pervierte el sentido educativo de las evaluaciones y elimina las competencias autonómicas en materia educativa”.

Y es que, a su juicio, el objetivo es claro: reducir a la mínima expresión el papel de las administraciones educativas autonómicas, dándoles el mero papel de vigilante y corrector a la hora de pasar las pruebas. Pese a la gravedad de esta queja, materializada formalmente en una propuesta para la paralización del calendario previsto de implantación de estas evaluaciones, los discrepantes se mostraron dispuestos una vez más a revisar ese planteamiento y el modelo de asignación de becas y ayudas al estudio.

“Nuestra posición es que si se compromete a paralizar ambos proyectos e iniciar un proceso de revisión de su contenido, continuaremos trabajando juntos”. Sin embargo, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, argumentó que era “imposible” atender la “exigencia” de retirar esos dos proyectos por razones del calendario de implantación de la Lomce en el caso de las evaluaciones y para poder publicar a tiempo la convocatoria de becas. Por su parte, las comunidades que gobierna el PP, que permanecieron en la sesión, calificaron de “falta de lealtad” esa actitud, que relacionaron con la falta de un mes para la celebración de las elecciones autonómicas.