MADRID. "Nos negamos a asistir como meros espectadores al continuo desprecio al profesorado y a la devaluación constante de las competencias de la autonomía que persigue la Lomce", según un documento conjunto leído a la prensa por el consejero de Canarias, José Miguel Pérez.

Tras permanecer 15 minutos en la reunión, que ha comenzado en torno a las 12.10 horas, han salido de la sala Pérez, así como el consejero de Andalucía, Luciano Alonso; la de Asturias, Ana González; el secretario general de Políticas Educativas de Catalunya, Joan Mateo, y la viceconsejera vasca, Arantza Aurrekoetxea.

El Ministerio había convocado a todas las comunidades para tratar los proyectos de real decreto de estructura de las nuevas evaluaciones finales de ESO y Bachillerato y de umbrales de renta de becas generales para el curso próximo.

Pérez ha explicado que han planteado al ministro que "paralice" el calendario de implantación de las evaluaciones y que se revise "conjuntamente y con datos objetivos" el impacto que está teniendo el modelo actual de becas y ayudas al estudio.

"Si se compromete a paralizar ambos proyectos e iniciar un proceso de revisión de su contenido, continuaremos trabajando juntos -dice el documento-, pero si persiste en su tramitación, le expresamos también nuestra determinación de abandonar en este mismo momento esta sesión", como finalmente ha ocurrido.

Estos consejeros opinan que el modelo de becas "perjudica gravemente" al alumnado y las familias y es un "daño injusto" que podría tener mayor alcance si las comunidades no lo hubiesen "amortiguado" con sus propios recursos.

"Es un despropósito seguir dando pasos en una dirección que no conduce a ninguna parte", aducen en relación con las evaluaciones, que consideran "reválidas" con un objetivo "claramente centralizador y excluyente", pues reduce el papel de las comunidades al de "mero vigilante y corrector".

El plante de Catalunya tiene un precedente también relacionado con la Lomce, cuando la consejera Irene Ragau abandonó una reunión sectorial, el 4 de diciembre de 2012, por considerar que el entonces anteproyecto legislativo "minusvaloraba el catalán".