El Gobierno Rajoy se ausenta en el debate sobre su reforma exprés de la ley del aborto

Pese a lo atípico del pleno, el Congreso admitió a trámite la proposición de ley del PP para modificar parcialmente la vigente ley con los votos del Grupo Popular, los seis diputados de Unió (UDC), el de Foro de Asturias y el de UPN. Finalmente la iniciativa no contó con el apoyo de media docena de diputados populares que optaron por el voto en contra, la abstención o no participar en la votación por considerarla “insuficiente”. Mientras, el resto de grupos de la oposición argumentaron su voto en contra de la tramitación de la proposición, tachándola de “oportunista” y “electoralista”. Todos coincidieron en que esta reforma exprés resta seguridad jurídica, desprotege a las más vulnerables y es innecesaria porque afecta a una minoría de menores, los casos especialmente graves.

Según un estudio de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) nueve de cada diez de las menores que abortaron en 2014 acudieron acompañadas de al menos uno de sus progenitores. Solo el 10% de las adolescentes abortó sin consentimiento expreso de sus familias debido a situaciones de desamparo o riesgo de violencia.

Ahora se inicia el trámite habitual de una ley, con la apertura del plazo de enmiendas que se cerrará tras las elecciones, en torno al 27 de mayo. La ausencia del Ejecutivo español en pleno en el debate de este cambio que abocará a la clandestinidad a las menores más vulnerables es la última muestra del errático comportamiento del Gabinete de Mariano Rajoy en torno a la cuestión del aborto. Primero, recurre la ley Aído (2010) ante el Tribunal Constitucional, que continúa sin pronunciarse cinco años después. Luego, introduce la reforma de la ley de plazos aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en su programa electoral como la apuesta ideológica del PP en el plano social.

Una vez en La Moncloa, Mariano Rajoy encarga al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que lidere el proyecto para superar el actual modelo de plazos que regula el aborto libre hasta las 14 semanas. Ruiz Gallardón presenta el anteproyecto de la ley de supuestos que devuelve la cuestión a la situación de 1985, cuando se aprobó la despenalización del aborto. Como en aquella ley, el proyecto del ministro solo permitía interrumpir la gestación en caso de violación, riesgo para la salud de la mujer o malformación del feto. Este salto atrás en los derechos conquistados por las mujeres provocó una fuerte reacción social y política en contra.

Consciente de la existencia de un consenso general en torno al aborto y de que la reforma de Gallardón no contenta ni a parte de su electorado, el Gobierno retira en diciembre el proyecto y deja caer al ministro sin dar ningún tipo de explicación. Muchos atribuyeron aquel cese a las cuatro citas electorales que había en nueves meses y que concluirá con las legislativas de otoño.

La Iglesia y los grupos provida ejercen presión contra el Gobierno del PP en las calles y medios afines al sentirse traicionados por el incumplimiento de la promesa electoral. Es entonces cuando el Gobierno se retira de escena. Y es el PP el que presenta esta reforma exprés que se limita a imponer el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años. El Grupo Popular tramita esta modificación vía proposición de ley saltándose así el examen de los órganos consultivos, como el Consejo de Estado o el Consejo del Poder Judicial, cosechando además el rechazo de la oposición por no haberla liderado ningún ministro.

Se trata de un cambio mínimo, pero que puede traer consecuencias graves porque afectará al grupo de adolescentes más desprotegidas. Y no es necesario porque la ley actual ya establece que los padres deben ser informados, excepto cuando la menor alegue que hacerlo le provocará un conflicto grave, como malos tratos.

A una semana de la votación salen a la luz las desavenencias dentro del Grupo Popular y la petición de Rajoy a la Iglesia para que intermedie después de que doce parlamentarios provida del PP le envíasen dos cartas para mostrar su malestar. Y ayer este grupo díscolo vuelve a remitir un escrito a sus compañeros de bancada, explicando sus razones para no apoyar la reforma, aún sabiendo que probablemente serán sancionados por la dirección del Grupo Popular.

“Maniobra de maquillaje” Ante el miedo de trasladar a la opinión pública una imagen de fractura interna en un tema central como éste, distintos líderes del PP adelantan el jueves que enmendarán su reforma para que quede claro que “abortar no es un derecho”. Este globo sonda apenas dura 24 horas. El viernes el Grupo Popular recula y renuncia a ampliar la reforma por la negativa del sector ultra de sus diputados a aceptar otra cosa que no sea la derogación de la ley Aído. Y ayer, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Marta González, -ni siquiera el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando- fue la encargada de defender la reforma en el Congreso.

González argumentó que en la adolescencia no se tiene “ni la capacidad ni la serenidad suficiente” para asumir “en solitario” una decisión como el aborto mientras que la ley Aído las “equiparó con mujeres adultas” que, además “asume como régimen general las situaciones excepcionales de padres maltratadores como si fuera la generalidad de todos los españoles” e impide así al resto “ejercer la patria potestad”.

El diputado del PNV, Joseba Agirretxea, condensó en una sola frase lo que ha sido la gestación de la reforma que ayer echó a andar. “El Gobierno ha sido cobarde”, dijo Agirretxea desde la tribuna, donde criticó el “oportunismo” y “las trampas” en el discurso del PP. Agirretxea sostuvo que el cambio de la ley “no es necesario” y no aporta ni seguridad jurídica ni sanitaria a las menores. Y añadió que es un “proyecto cobarde” que supone un “maquillaje” de la actual norma, que no contenta ni a los miembros del PP.

En cuestiones sensibles como es el aborto, la coalición nacionalista de CiU tiene dos sentidos de voto. Por un lado están los diez diputados de Convergencia, que votaron en contra. Y por otro, el de los seis diputados de Unió, que sí apoyaron al PP en bloque en esta iniciativa. La portavoz de Unió en la materia, Conxita Tarruella, justificó su voto con las mismas razones con las que rechazó la ley vigente en su tramitación: “Los gobiernos no pueden expropiar a los padres de su obligación para dársela a otros, ya sean médicos o asistentes sociales”.

Por su parte, la portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, mantuvo un cara a cara con la portavoz del PP en el que denunció que su intención no es defender a las jóvenes o el derecho a la vida, sino que es un “juego de trileros” con fines electorales. Montó pide al PP que deje en paz la ley y retire el recurso de inconstitucionalidad.

Por su parte, desde la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras afirmó que la reforma es ”electoralista y retrógrada” y no se sostuvo “con argumentos científicos, sanitarios o sociales”, ya que “está demostrado que ni las jóvenes se han tomado el aborto como un anticonceptivo más ni han acudido masivamente sin compañía para abortar”.