El Partido Popular vuelve a sembrar la duda sobre sus intenciones respecto a la reforma de la ley del aborto. Ahora, tras retirar la ley de supuestos impulsada por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón y cesarle por falta de consenso dentro y fuera de sus propias filas, el PP da marcha atrás en su intención de modificar la ley para imponer el consentimiento paterno a las menores de edad y anuncia que la clave de su reforma tocará de lleno el derecho al aborto. Al menos, de palabra.
El cambio apenas hilvanado ayer por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando, y ratificado por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no ha satisfecho ni al sector más ultraconservador del PP ni a los grupos provida, que ayer exigieron “pasar de las palabras a los hechos” y derogar la ley de plazos con el fin de proteger la vida. Por motivos diametralmente opuestos, el anuncio de que la reforma irá contra el aborto como un derecho provocó el rechazo del resto de formaciones políticas y asociaciones de mujeres, al ver en la maniobra un “fin electoralista”.
El portavoz de los populares en la Cámara Baja confirmó ayer que su grupo está dialogando para buscar “un consenso interno” en la reforma de la regulación del aborto, que podría ir más allá de la modificación prevista para que las menores necesiten consentimiento paterno. El objetivo, según dijo, es que sea coherente con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la ley Aído (2010), basado en que el aborto “no es un derecho”. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, remarcó esta misma idea en RNE, pero recordó que el Gobierno no es el proponente de la reforma (pese a ser un cambio legislativo de tanto calado) ni de las enmiendas, como la que pretende introducir el PP a su propio texto.
Las declaraciones de Hernando llegan apenas unos días antes de que el martes comience en el Congreso el debate sobre la proposición de ley del PP que modifica la Ley de Autonomía del Paciente para restablecer la situación anterior, de forma que las chicas de 16 y 17 años necesiten el consentimiento de sus padres para practicarse un aborto. Y no sólo su conocimiento, como ahora. Preguntado por la posibilidad de enmendar la reforma para ampliarla, Hernando apuntó que “siempre que se presentan enmiendas puede haber cambios”. No entró en más detalles.
Según publicó ayer El Mundo, para evitar que se rompa la disciplina voto por parte de los diputados del PP más conservadores, a los que la reforma les parece insuficiente, el Grupo Popular está elaborando una enmienda para cambiar el punto de la ley Aído que habla del “derecho a la maternidad libremente decidida”. Pero, ni ese punto ni el resto del articulado la ley vigente consagra el aborto como un derecho fundamental. Por tanto, la confusión sobre las intenciones del PP, que ya ha dado varios bandazos en esta cuestión, es máxima.
Diputados provida del PP afirmaron ayer que votarán “en conciencia” la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, al no haberse adoptado una postura conjunta. Fuentes del Grupo Parlamentario Popular declararon que si el PP no da libertad de voto a sus diputados, algunos de ellos optarán por no participar el martes en la toma en consideración de la proposición de ley. “Si se deja claro que el aborto no es un derecho, que es el nudo gordiano de la cuestión, algunos de nosotros estaríamos dispuestos a votar a favor de esta enmienda, pero no actuamos en grupúsculos. Cada uno hará lo que considere en conciencia”, precisaron las mismas fuentes.
Pese a la contundencia de las declaraciones de los diputados desafectos, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, negó que el nuevo cambio “sea un problema de fuga de votos”. Sin entrar en el fondo de la cuestión, el ministro señaló: “Esa reforma está ya en trámite y estamos abiertos a la búsqueda de consenso y de apoyos. Si ahí se consiguen acuerdos estaremos dispuestos a revisar una legislación sobre la que hemos manifestado nuestras discrepancias sobre la reforma de la ley en la forma que se hizo en 2010”. Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, continuó el rosario de declaraciones de dirigentes del PP para asegurar que su partido no ha cambiado y “está dónde estaba”, a la espera del fallo del Tribunal Constitucional.
Fin electoralista La portavoz socialista de Igualdad en el Congreso, Carmen Montón, lamentó que el Gobierno español esté legislando sobre el aborto “de forma tramposa y por la puerta de atrás” y atendiendo a criterios electoralistas, con la intención de “recabar votos entre los sectores más conservadores”. Según Montón, “el portavoz del PP dijo que era una reforma sencilla” y en torno al consentimiento de las menores. “Se demuestra que detrás tenían nuevas amenazas para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, dijo. La portavoz socialista consideró que estos cambios obedecen a un interés “de su propio partido y de forma electoralista y para recabar votos en los sectores más conservadores, sabedores de que Mariano Rajoy ha perdido mucha credibilidad”.
La Fundación Mujeres y la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas acusaron al Gobierno de utilizar la reforma de la ley Aído para captar los votos de las posiciones “ultraconservadoras”. Además, aclararon al ministro Alonso que “naturalmente que el aborto no es un derecho” sino “una decisión que corresponde tomar a la mujer en un momento crucial de su vida”. Por ello, sugirieron al ministro “que deje de presentar semejante barbaridad en el Parlamento”.
Qué se votará. Tras retirar la ley de supuestos del exministro Ruíz- Gallardón y destituirle, el martes se votará en el Congreso una proposición de ley del PP para introducir una modificación en la ley del aborto por la que se obligará a las menores a tener el consentimiento paterno.
Polémica. Para evitar que los diputados provida del PP afeen su reforma, rompiendo la disciplina de voto, el propio partido trabaja para enmendar su propio texto con el fin de reformar el artículo 3 de la ley actual que contempla “el derecho a la maternidad libremente decidida”.