madrid - Las comunidades autónomas dieron ayer luz verde al Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, que comenzará a aplicarse el 1 de abril, y que pretende tratar con los nuevos fármacos a todos los pacientes a los que los médicos se los hayan prescrito. Sin embargo, la CAV se opuso a la propuesta económica del Ministerio y al plan de financiación, a diez años, del Gobierno de Madrid para tratar a casi 52.000 pacientes con un coste total de 727 millones. Hay que señalar que en la CAV el número de afectados se eleva a 1.350 personas. De hecho, el consejero Jon Darpón se mostró en completo desacuerdo “con financiar prestaciones sanitarias a crédito”.

Darpón, que participó en el Consejo Interterritorial en Madrid. aseguró compartir “los criterios clínicos de la estrategia”. “Sin embargo, no es aceptable la ausencia de memoria económica, y dada nuestra responsabilidad y competencias en la asistencia sanitaria de Euskadi, no aceptamos que el Ministerio se arrogue aspectos relevantes como la negociación con la industria farmacéutica o la financiación de nuestras prestaciones”.

Al término del encuentro, el consejero recordó que en Euskadi siempre se ha garantizado el tratamiento más adecuado a cada paciente. En el caso de los afectados por hepatitis C ya son tratados desde noviembre con los nuevos fármacos. “En Euskadi -señaló- vamos a continuar con nuestra estrategia sobre la base de criterios médicos, desde el consenso con los/as profesionales de Osakidetza, desde la equidad por colectivos, territorios y centros. También desde la participación con las asociaciones de pacientes, desde la financiación propia a través del presupuesto del Gobierno Vasco y desde la responsabilidad en la gestión de nuestros recursos”, afirmó.

Por otra parte, criticó la ausencia de comunicación por parte del Ministerio sobre aspectos relevantes de la estrategia, como acuerdos con las empresas farmacéuticas, coste, financiación etc... “Una cuestión grave habida cuenta de que cada comunidad debe de hacer frente a los tratamientos que precisen sus pacientes” añadió. En ese sentido, señaló que la información se trasladó directamente a los medios de comunicación, sin previo conocimiento de los responsables de las comunidades, hecho que ha venido suscitando un gran número de críticas por parte de la mayoría de las autoridades sanitarias.

Asimismo, indicó que “el Gobierno de Madrid quiere vender la solución a este problema, cuando en realidad ha descargado la responsabilidad en las comunidades ya que no es lo mismo ayudar en la tesorería que financiar pues al final el problema se abordará desde los presupuestos de las propias comunidades autónomas”.