Madrid - El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, recordó ayer que no existe encubrimiento ni infracción penal alguna de las autoridades eclesiásticas por no denunciar a las autoridades civiles un delito del que se haya tenido conocimiento durante el ejercido del llamado secreto de confesión entre los sacerdotes y sus feligreses.

Gil Tamayo se refirió a los casos de supuestos abusos sexuales a menores denunciados recientemente en Granada y Lugo y desgranó las directrices establecidas por la Iglesia en 2010 y que fijan el protocolo de actuación ante este tipo de delitos.

Este protocolo establece la forma de actuar cuando la autoridad eclesiástica tiene conocimiento de un delito contra la libertad o integridad sexual a través de una confidencia del religioso presuntamente responsable, es decir, a través del secreto de confesión.

El portavoz destacó que se debe observar siempre la presunción de inocencia del denunciado y trasladó su solidaridad y cercanía a las víctimas. “Las familias pueden estar muy tranquilas porque la Iglesia no escatima esfuerzos para proteger a sus hijos”, dijo. - Efe