madrid- El PP retiró inmediatamente las dos enmiendas del proyecto de ley del Código Penal que había presentado en el Senado, y que suprimían las medidas de libertad vigilada en supuestos como los asesinatos graves y la violencia de género, al haber cometido un error en trámite de enmiendas en la Cámara alta.
Fuentes parlamentarias informaron de la retirada de las dos propuestas, que había presentado en un primer momento el Grupo Popular en el Senado dentro del bloque de enmiendas a la reforma del Código Penal.
Con esas dos enmiendas, las medidas de libertad vigilada se mantenían solo para los delincuentes sexuales, tal y como establece la legislación vigente, y se suprimían las que los populares habían propuesto para otras figuras delictivas.
“No está en la voluntad del Grupo Parlamentario Popular prescindir de la medida de libertad vigilada para esos delitos, por lo que esas enmiendas serán retiradas inmediatamente”, explican las fuentes, que añaden que el PSOE y la Entesa también presentaron enmiendas para suprimir la libertad vigilada.
Al respecto, las fuentes explicaron que se produjo un error en la tramitación de las enmiendas en el Senado, por el cual se han retirado dos referencias a la libertad vigilada, “suprimiendo involuntariamente” su aplicación a los delitos de asesinato y violencia de género.
De esta forma, el texto mantiene las medidas de libertad vigilada para los casos de asesinatos castigados con la pena de prisión permanente revisable, aquellos en que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, o discapacidad física o mental, a los condenados por matar a sus parejas y a los asesinos que sean miembros de una organización criminal
Pero también se podrá aplicar esta medida a los expresos que hayan sido condenados por ejercer la violencia física o psíquica contra sus parejas, menores y discapacitados que convivan con ellos en el mismo domicilio.
La libertad vigilada, que en la legislación vigente solo se aplica a los delincuentes sexuales, tiene una duración mínima de tres años y máxima de cinco, siempre que la persona haya sido condenada a más de un año de prisión. Esta iniciativa impone medidas de control judicial como localización mediante dispositivos electrónicos, comparecencias periódicas, prohibición de determinadas tareas que faciliten la comisión de este tipo de delitos o la obligación de someterse a terapias o tratamientos médicos, entre otras.
Por otro lado, el grupo también propuso la eliminación del endurecimiento de penas previstas para aquellos que atenten contra la autoridad en manifestaciones o reuniones públicas, introducida, en este caso en el proyecto de ley orgánica de modificación del Código. Los populares consideran que la pena mínima de tres años y un día, recogida en la reforma de la norma, “podría resultar desproporcionada en algún caso”.
mejorar el decomiso Otro de los cambios sugeridos es el referente a los decomisos donde se propone, para garantizar su efectividad, que los bienes, medios, instrumentos y ganancias puedan “ser aprehendidos o embargados y puestos en depósito por la autoridad judicial desde el momento de las primeras diligencias”.
El grupo parlamentario en el Senado quiere también eliminar el cambio de 400 a 500 euros del límite previsto para el hurto ya que “no parece oportuno incrementar en los momentos actuales la cantidad delimitadora entre unas y otras infracciones” y propone cambios técnicos para aumentar la persecución de multirreincidentes en casos como los butrones, alunizajes o robo de cable de cobre o suministro eléctrico. - Efe/E.P.
