MADRID. El acto, celebrado en el madrileño Templo de Debod y organizado por Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha contado con el apoyo de SOS Racismo, Ca-Minando Fronteras, la Coordinadora de Barrios y Red Acoge, que han colocado rosas sobre una espiral de concertinas en memoria de los fallecidos.

"Un año después de este tráfico incidente, las víctimas y sus familias siguen esperando que se haga justicia, mientras la investigación ha sido ralentizada", ha denunciado la portavoz de Política Interior de Amnistía Internacional, María Serrano.

En este sentido, la abogada de la Coordinadora de Barrios que lleva la acusación en Ceuta, Patricia Fernández, ha incidido en que "un año después, a penas se ha avanzado en la investigación para conocer a los responsables de las muertes de El Tarajal". "Las víctimas de esta tragedia y sus familias merecen algo más que excusas y evasivas. Tienen derecho a conocer lo sucedido", ha reclamado.

Para las entidades, el hecho de que "las autoridades españolas no hayan investigado debidamente el ahogamiento de 15 migrantes frente a la costa de Ceuta después de que la Guardia Civil utilizase contra ellos material antidisturbios de forma desproporcionada, pone de relieve el lamentable menosprecio de la vida humana que impera en la frontera".

CEAR y Amnistía recuerdan asimismo que la expulsión sumaria de los 23 migrantes que aquella mañana sí consiguieron alcanzar la playa ceutí supuso "una violación de normas internacionales de Derechos Humanos vinculantes para España" que ahora se va a institucionalizar legalizando las devoluciones en caliente bajo la figura jurídica del rechazo en frontera.

Esta devolución sumaria vulneró de forma flagrante las obligaciones españolas, europeas e internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho de Asilo. No fue la primera ni tampoco la última. Este tipo de prácticas han continuado periódicamente durante todo el año pasado", ha denunciado la secretaria general de CEAR, Estrella Galán.

Ambas entidades han entregado después del acto cerca de 95.000 firmas en el Senado contra esta medida, que se ha introducido en una disposición adicional al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana ahora en tramitación en la Cámara Alta. Piden a los senadores que no den cobertura legal "a una práctica claramente ilegal".

"En lugar de corregir una práctica que persigue impedir a toda costa que personas refugiadas y migrantes entren en España (...) el Gobierno está buscando fórmulas para legalizarla", ha señalado Galán. Serrano, sobre este asunto, ha añadido que la legalización "violaría claramente las obligaciones internacionales asumidas por España y pondrían más vidas en peligro".