La ley de vivienda que impulsa el PSE costaría 715 millones

Aburto, que compareció ayer en la ponencia parlamentaria que desde hace un año analiza la proposición de ley de vivienda presentada por el PSE-EE, cifró en 715 millones de euros el impacto económico que tendrían en los próximos diez años las medidas incluidas por los socialistas en la propuesta sobre vivienda. En esta cifra se incluye tanto el coste de las viviendas sociales y de protección oficial, como el de las Prestaciones Complementarias de Vivienda (PCV) que el Gobierno Vasco tendría que abonar a los demandantes de una casa que no pudieran acceder al parque público por falta de oferta. En su comparecencia el consejero resaltó la dificultad que existe para calcular el impacto económico “exacto” de las medidas contenidas en la proposición de ley que, entre otras cosas, incluye que el acceso a la vivienda es un derecho subjetivo y, por lo tanto, garantizado por ley y susceptible de ser reclamado ante los tribunales.

los costes La proposición de ley de vivienda que tramita el Parlamento Vasco fue presentada por el PSE-EE y aprobada por la cámara con el apoyo de EH Bildu y UPyD, además de los socialistas, y el rechazo de PNV y PP. La iniciativa se deriva del proyecto de ley elaborado la pasada legislatura por el Ejecutivo de Patxi López y que decayó con el fin de su mandato.

Juan María Aburto destacó ayer que a la hora de plantear el reconocimiento de un nuevo derecho hay que calcular los gastos y plantear medidas para garantizar los ingresos con los que hacerles frente, porque, en caso de no asegurar la financiación, ese nuevo derecho quedaría “en papel mojado” pese a ser reconocido por ley. “Yo no quiero un derecho subjetivo que se quede en papel mojado y por eso reclamo un debate en el que se fundamente su alcance y que se soporte en un presupuesto y en una financiación. En Andalucía la ley garantiza el derecho subjetivo y no tiene el más mínimo efecto. Yo no quiero ese modelo”, afirmó.

Por ese motivo, el consejero apeló a la “responsabilidad” a la hora de plantear este tipo de propuestas, puesto que de lo contrario, podrían generarse “expectativas” que luego no se cumplen. Ya en el inicio de la tramitación de la proposición y antes de que el Gobierno Vasco hiciera una estimación del coste de las medidas planteadas por los socialistas, Juan María Aburto criticó que el texto se hubiera redactado pensando “en épocas de bonanza económica”.

Respecto al reconocimiento del acceso a la vivienda como un derecho subjetivo de los ciudadanos, el consejero recordó que el País Vasco es la única autonomía en la que está en vigor “un cierto derecho subjetivo”, en referencia a la PCV, una ayuda económica que sirve para garantizar un techo a las personas sin recursos y que están percibiendo un total de 24.000 unidades convivenciales en las que se agrupan unas 55.000 personas.

casas vacías Respecto al posible establecimiento de un canon que penalice la tenencia de viviendas vacías, el consejero de Empleo y Políticas Sociales se mostró más favorable a aplicar “bonificaciones” para aquellos propietarios que pongan sus pisos en alquiler. Según sus datos, en Euskadi hay actualmente 62.000 viviendas vacías, de las que unas 42.000 son “gestionables”. En estos momentos, el Gobierno Vasco, a través de la sociedad Alokabide, está impulsando una campaña -Abre tu casa- Zabaldu zure etxea- para la captación de viviendas vacías susceptibles de incorporarse al mercado de alquiler social bajo la supervisión del Ejecutivo. La campaña, que está recorriendo diversas localidades vascas, es fundamental para dar a conocer los diferentes programas a través de los cuales los propietarios de viviendas vacías podrían ceder sus casas en alquiler con la total garantía del Gobierno Vasco, asegurando mensualmente el importe del alquiler y garantizando la entrega de la casa en buen estado tras el final del período de alquiler.

El parlamentario socialista Bixen Itxaso acusó ayer al consejero de utilizar la cuestión de la financiación como “excusa” para “esconder la falta de voluntad política del Gobierno del PNV” a la hora garantizar por ley el derecho a la vivienda.