madrid - Un día después de que el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid instase a las operadoras de telecomunicaciones a cerrar su página web, Uber, la compañía que pone en contacto a usuarios y conductores a través de una aplicación en internet, calificó ayer de “desproporcionada” la decisión judicial que ordena el cierre del sitio web y ha avanzado que continuarán ofreciendo sus servicios hasta que tengan la notificación oficial, acción que realizará “alineado con la legislación europea y española”.
En un comunicado, Uber subrayó que ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de la decisión del juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid así como del auto previo que ordenaba el cese de actividades del sistema Uber en todo el territorio nacional.
Asimismo, Uber afirmó que la orden de cesación y prohibición que el juzgado ordenó en todo el territorio nacional para el sistema de la empresa, estimando las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi, “no ha sido todavía formalmente notificado”.
Según Uber, la decisión judicial es “desproporcionada y discriminatoria” pero, además, “trata de frenar la innovación y la propuesta de nuevos servicios tecnológicos en España”.
telecomuniCaciones En los últimos días, el juzgado de lo Mercantil número dos de Madrid ha enviado a las empresas de telecomunicaciones que dan servicio a Uber y a las compañías que gestionan sus pagos la orden de que dejen de prestar servicios a la plataforma de transporte compartido y que suspendan de forma efectiva la transmisión, el acceso a las redes de telecomunicaciones y la prestación de cualquier servicio equivalente. Esta decisión es consecuencia del auto del 9 de diciembre, que prohibía la actividad de Uber en todo el territorio nacional.
En el comunicado remitido ayer a los medios, Uber expresó su sorpresa por la “celeridad excesiva” con la que han actuado determinados operadores de telecomunicaciones ante “tan inusual y desproporcionado” requerimiento. Además, hizo hincapié en que, a su juicio, la sentencia viola la Constitución española “y el artículo 6 y 13 de la Convención europea de los Derechos Humanos, que garantizan a los acusados el derecho de una defensa judicial justa”.
Por ello, concluyeron que la resolución cautelar del juzgado de lo Mercantil de Madrid entra en conflicto con las leyes europeas, en particular con los principios de libertad de prestación de servicios. - Efe
