madrid - La auxiliar de enfermería Teresa Romero y el exconsejero de Sanidad Javier Rodríguez, a través de un abogado de la Comunidad de Madrid, no llegaron ayer a un acuerdo en el acto de conciliación previo a la demanda que presentará en los próximos días por mancillar su derecho al honor por las declaraciones que realizó en su contra mientras estaba contagiada de ébola y tras su recuperación.
Así lo explicó su marido, Javier Limón, a la salida de los Juzgados en los que criticó que Rodríguez no se haya presentado a la cita judicial. En su representación vino un letrado de la Comunidad de Madrid que se negó a atender las demandas del matrimonio, que solicita 150.000 euros como indemnización.
Acompañado por Teresa Romero y por uno de sus abogados, Javier Limón destacó tras concluir el acto que ellos habían venido con “todas sus intenciones” de conciliar y que no se ha presentado, destacando que ahora tendrán que valorar cuándo se presenta la demanda.
“Hemos venido a conciliar. No endentemos por qué no ha venido. Siempre se ha quejado de que no queríamos hablar con él y este era el lugar para conciliar. No entendemos por qué manda a un letrado de la Comunidad cuando lo pagamos todos”, denunció.
A su llegada a los juzgados, Romero manifestaba que se conformaría con que el exconsejero madrileño le pidiera perdón por las declaraciones que realizó en su contra mientras estaba contagiada de ébola y tras su recuperación. “No creo que sea merecedora de tales palabras”, aseveró.
Rodríguez, que fue cesado recientemente, fue criticado por acusar a Romero de mentir a los médicos sobre si había estado o no en contacto con pacientes enfermos de ébola o de haber ido a la peluquería con fiebre. “No debería estar muy mala para ir a depilarse”, llegó a decir en alguna entrevista.
Hace un par de semanas, antes de su dimisión, también señaló que si Teresa Romero estaba viva era porque no había hecho mal su trabajo (preguntado por su gestión en la crisis del ébola). En este punto, Teresa Romero insistió en que ella está viva gracias a sus compañeros, los médicos, enfermeras y auxiliares que estuvieron pendientes de su estado de salud.
Si es probada la intromisión ilegítima en el derecho al honor de Teresa se tendrá que señalar la indemnización que estiman en 150.000 euros, cantidad generada “con las noticias que se emiten de su persona. - E.P.