zaragoza - El desahucio de una mujer víctima de violencia de machista previsto en Tarazona (Zaragoza) para ayer, tras presentar una denuncia su marido sobre el que pesa una orden de alejamiento, fue suspendido por la comisión judicial que debía llevarlo a cabo ante la presencia de decenas de personas.

La mujer, que reside en la vivienda con su hija de ocho años, iba a ser desalojada ayer a las 12.30 horas por orden judicial al presentar su marido, quien tiene una orden de alejamiento de 200 metros, una reclamación de desahucio por ocupación ilegal de la casa.

Fernando Escribano, de Stop Desahucios de Tarazona, dijo que se ha producido “una pequeña victoria temporal” y que la comisión judicial había renunciado al desalojo al considerar que no tenían dotación policial suficiente ante la presencia de casi un centenar de personas ante la puerta de la vivienda. Rogia, una mujer de origen sudanés, igual que su marido, recibió la notificación de la suspensión con gran emoción, según destacó Escribano.

Este caso ha generado una gran expectación en la localidad, y en la vivienda, un bajo situado en el número 6 del Grupo de Viviendas Inmaculada, se concentraron números medios de comunicación, ante los que los representantes de la plataforma Stop Desahucios lamentaron que desde hacía dos meses han intentado sin éxito buscar una salida para esta situación.

Rogia estuvo hasta el último momento, con el apoyo de la plataforma, viendo la forma de que se paralizara el desahucio en el juzgado, que ahora, tras esta suspensión, deberá fijar una nueva fecha.

En este caso se puede producir una singular situación, ya que la mujer, contra la que presentó su marido la reclamación de desalojo el pasado verano cuando ella se encontraba en Sudán para traer a su hija a España, donde nació, podría ser desahuciada y en unos dos meses volver a ocupar legalmente la vivienda.

Según los representantes de Stop Desahucios, el próximo mes de febrero está previsto que se celebre el juicio por el proceso de divorcio que lleva a cabo el matrimonio y, según remarcaron, lo normal es que la justicia le reconozca a la mujer la residencia en la vivienda que compartían ambos con su hija.

Así, Rogia y su hija serán realojadas por el ayuntamiento en un piso de este mismo municipio hasta febrero. La mujer no tiene trabajo y su marido no le pasa pensión alguna, por lo que subsiste con una prestación social de poco más de 400 euros. Rogia espera que le comuniquen el lunes “cuántos días” tiene para abandonar la casa y trasladarse al piso facilitado por el consistorio. - Efe/E.P.