Madrid - El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró ayer que la necesidad del consentimiento paterno para que las menores puedan abortar “va a tener regulación legal ya, inmediatamente” a través de la reforma de la Ley de protección del menor que se aprobará en Consejo de Ministros en “las próximas semanas”. Catalá señaló en los Desayunos de Europa Press que en esta materia esperan encontrar “un consenso muy amplio” entre los grupos parlamentarios porque, a su juicio, es “de sentido común” que si una menor se plantea abortar, los padres “formen parte de ese núcleo familiar de decisión”.
Por otra parte, indicó que también van a aprobar el Plan de ayuda a la familia con medidas para dar a la mujer y la familia “elementos de estabilidad” e “impedir que factores económicos, sociológicos o laborales estén detrás de un aborto”. En este plan, también espera encontrar consenso.
Precisamente, recordó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo cuando anunció la retirada de la reforma de la ley del aborto que iban a “seguir trabajando para buscar el consenso” en un tema “tan relevante” y afirmó que este es su trabajo a “medio largo plazo”.
Reforma de las tasas El ministro de Justicia también se comprometió a reformas en materia de asistencia jurídica gratuita y de tasas judiciales que garanticen que ningún ciudadano deje de acceder a los juzgados y tribunales por falta de recursos económicos. Rafael Catalá presentó ayer en el Senado sus líneas de actuación para lo que queda de legislatura. En cuanto a la asistencia jurídica gratuita el ministro aseguró que se ampliará el número de beneficiarios y que en el proyecto de ley que comenzará pronto a debatirse en el Senado se introducirán enmiendas de mejora para que “nadie se quede sin ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva por falta de recursos”.
En este sentido dijo que ya se ha introducido una enmienda en la tramitación de los presupuestos generales del Estado para 2015 para financiar con seis millones de euros la partida destinada a justicia gratuita y que el reparto de esta cantidad se materializará a través de convenios con las comunidades autónomas para garantizar la mejor prestación del servicio.
Catalá espera presentar “en breve” la reforma de la ley de tasas judiciales tras estudiar los datos y la información aportados por el Consejo General del Poder Judicial y de la Agencia Tributaria sobre su impacto. “Se trata de asegurarnos que las tasas nunca puedan generar una limitación al derecho a acceso a la justicia por los ciudadanos”, ha destacado. El titular de Justicia adelantó algunos de los aspectos más relevantes que incluirá las reformas de las leyes de Enjuiciamiento Criminal y del Poder Judicial.
Para que ningún ciudadano resulte perjudicado en cuanto a los tiempos de respuesta de los órganos judiciales se establecerán nuevos criterios para el reparto provincial de asuntos sin que desaparezcan los partidos judiciales.
