GASTEIZ. Estas cifras aparecen recogidas en estadísticas del Departamento de Empleo y Políticas Sociales recogidas en distintas respuestas parlamentarias por escrito aportadas a lo largo de las últimas semanas.
Los datos reflejan que los pagos indebidos efectuados por el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide en concepto de RGI y PCV a lo largo de los tres últimos años se sitúan en torno a los 86 millones de euros.
De ellos, la mayor parte se debe a errores administrativos atribuibles al propio Lanbide, mientras que 20,8 se deben a conductas de los perceptores. Esta cifra supone algo menos de un 1,6 por ciento del presupuesto total destinado por el Gobierno vasco a estas prestaciones en los años 2012, 2013 y 2014.
De los 20,8 millones de euros abonados indebidamente por motivos atribuibles a los perceptores, tan sólo 3,8 millones se deben a casos en los que se ha acreditado que exista "ocultación de datos" u otras "actuaciones fraudulentas".
"HECHOS SOBREVENIDOS"
Otros 1,1 millones de euros fueron por "no acreditar situaciones económicas", mientras que algo más de 1,9 millones fue por "no aplicar la prestación a la finalidad o no administrar responsablemente los recursos".
El grueso de los cobros indebidos --13,9 millones de euros-- se debe a casos en los que no se comunicó o no se comunicó en el plazo debido "los hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho de la prestación".
