VITORIA - Juan María Aburto propuso ayer abrir una reflexión sobre posibles modificaciones en la normativa de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para permitir interpretaciones “más favorables” a la cobertura de “situaciones de fragilidad” de las personas. Citó, en concreto, la situación de los separados y divorciados y otras vicisitudes que implican empobrecimiento sobrevenido y que ahora no se contemplan.

El consejero de Empleo y Políticas Sociales contestó ayer a través e Facebook, Twitter y Youtube a preguntas realizadas por los ciudadanos en las redes sociales, y volvió a destacar el papel de cohesionador social del sistema de ayudas. De la iniciativa AburtoTopaketa se desprende un mensaje bidireccional muy claro: el tema de las ayudas sociales -en especial la RGI- y su reparto preocupa a la sociedad vasca, pero, al mismo tiempo, esas ayudas “mejoran la calidad de vida y la dignidad de muchas personas”. La mayor parte de las 172 preguntas formuladas a lo largo de tres días en las redes sociales trataban de los controles, exigencias y presuntos abusos en el cobro de la RGI y las veinte que fueron formuladas a Aburto tras haber sido las más votadas (obtuvieron el mayor número de “me gusta”, comentarios o retuits) abundaban en las prestaciones que reciben los extranjeros.

Ante esto, Juan María Aburto recordó que en el conjunto de Euskadi hay 49.000 extranjeros que cotizan a la Seguridad Social y 23.000 que perciben la RGI y que gracias a esta ayuda más de 65.000 familias y 100.000 personas son capaces de “subsistir dignamente”. El consejero propuso a la sociedad vasca que en lugar de preguntar cuál es el coste de la RGI se cuestione qué repercusiones tendría su no existencia. Sobre el debate abierto por el PP sobre los extranjeros que cobran la RGI y las críticas al sistema, Aburto dijo que “lo que realmente les molesta son los pobres” y no de dónde proceden.

Aburto recordó que existe “control” de las ayudas sociales y que las personas que acceden a la RGI deben renovar cada dos años su petición y ser demandantes de empleo. Añadió que Lanbide emite cada año más de 120.000 notificaciones y realiza controles a través del cruce de datos con otros organismos. El consejero indicó que se han incorporado más de 16 nuevos controles telemáticos, pero reconoció la necesidad de “mejorar la interoperatividad para que el control sea cada vez más efectivo”.

En cuanto a las deficiencias y posibles cambios en las normas que rigen el acceso a las ayudas, el consejero reconoció que “la situación, en muchos casos, de las personas separadas es dramática y desde los sistemas de protección pública habría que darle respuesta”. También planteó abrir una “reflexión” para retirar la RGI por delitos “flagrantes” y condenas que no impliquen prisión, en respuesta a una pregunta que se interesaba por los casos en los que personas que delinquen siguen accediendo a las prestaciones sociales. Ahora la ley solo permite retirar la ayuda cuando una persona entra en prisión, por lo que Juan María Aburto se mostró partidario de hacer un debate tranquilo para cambiar esta situación.