GASTEIZ. Aburto ha respondido a una veintena de preguntas formuladas por ciudadanos a través de las redes sociales en una entrevista difundida a través de internet por el Ejecutivo.
La práctica totalidad de las preguntas se han centrado en la polémica suscitada en los últimos meses en torno a la RGI y, más en concreto, al supuesto abuso que hacen algunos colectivos de inmigrantes de la misma denunciado principalmente por el alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP).
El consejero ha insistido en que gracias a la RGI más de 65.000 familias y 100.000 personas son capaces de "subsistir dignamente" y ha propuesto que la sociedad se pregunte en vez de cuál es el coste de la RGI por las repercusiones que tendría su no existencia.
Ha reconocido que le produce "tristeza" que "alguien" haya pretendido colocar este tema en el centro del debate político y social y lo esté consiguiendo, cuando la gente tiene que creer en lo que "durante 25 años ha sido motivo de orgullo" en el País Vasco, su sistema de prestaciones sociales.
Ha recordado que ya existen numerosos controles en torno a los perceptores de la RGI y que Lanbide en los últimos tres años ha revisado más de 200.000 expedientes, por lo que ha reclamado "confianza" en la legitimidad de las políticas públicas.
Aburto, sobre la polémica por la percepción de la RGI por parte de inmigrantes magrebíes abierta por Maroto, ha dicho que es "artificial" y ha recordado que en el conjunto de Euskadi hay 49.000 extranjeros que cotizan a la Seguridad Social y 23.000 que perciben la RGI.
El consejero ha insistido en que quienes plantean estos debates primero lo centran en los extranjeros, luego en los que no cotizan para posteriormente llegar a los que no tienen recursos, porque "lo que realmente les molesta son los pobres", no la procedencia de los perceptores de la RGI.
Además, ha recordado que cada vez más la RGI está "complementando salarios indignos" y que viudas y jubilados tengan unas pensiones más dignas, algo que se debe "preservar y no criticar".
Por último, sobre la posibilidad de que se exigiera a los perceptores de ayudas sociales que devolvieran su importe una vez que se insertaran en el mercado laboral, Aburto ha alertado del riesgo de este planteamiento porque muchas de las personas que acceden a un trabajo suelen hacerlo con un contrato precario y con un salario no excesivamente alto.
Ha concluido que sería un peso "insoportable" en estas circunstancias tener que devolver el importe de las ayudas y ha defendido que lo mejor es que se incorporen al mercado laboral y que devuelvan lo que han estado recibiendo a través de las cotizaciones a la Seguridad Social y con el pago de impuestos.
