Bilbao - Juan Mari Aburto defendió ayer el sistema vasco de protección social frente a unos ataques producidos “al calor de un populismo fundamentado en el cálculo electoral”, pero reconoció que es necesario abordar el debate de su financiación y pactar un decreto de cartera de servicios sociales. El consejero de Empleo y Políticas Sociales también propuso una reforma legal y fiscal para garantizar la atención de la dependencia o mejorar las pensiones.
El papel de las ayudas sociales en un momento en que “la crisis ha aumentado la vulnerabilidad de muchas personas”, la política de vivienda, los retos demográficos y la “regeneración moral de la política” fueron algunos de los temas abordados ayer por Juan Mari Aburto en su intervención en el Fórum Europa-Tribuna Euskadi. El consejero, que confesó estar sufriendo por el cuestionamiento de “un sistema que previene una situación peor”, recordó que el modelo de protección social de Euskadi -“que fue pionero en el Estado”- alcanza al 74 o 75% de la población en situación de pobreza y la mantiene fuera de la marginalidad.
RGI Juan Mari Aburto insistió en la necesidad de recuperar el consenso en torno a la RGI y dijo que este era un debate “que nunca hubiera esperado” porque en Euskadi, desde hace 25 años “habíamos hecho de la solidaridad una seña de identidad y nos sentíamos orgullosos de tener una red que no deja caer a las personas más vulnerables”. “No sabemos -dijo- si en esa calculada ceremonia de la confusión se pretende luchar contra el fraude, modificar la ley para que sean menos las personas que tienen acceso o impedir el abuso, por eso es necesario recuperar el consenso social y político y ser capaces de volver a decir lo que José Ignacio Arrieta escribió hace 25 años: hemos asumido la marginación no como un problema del que la padece, sino de la sociedad y como tal su solución no puede ser patrimonio de nadie sino responsabilidad de todos”.
Aburto señaló que el reto de futuro de las políticas sociales “es su financiación”, porque “hemos desarrollado derechos subjetivos, pero no hemos establecido un modelo de financiación que no genere tensiones al sistema”. Recordó que en el debate de política general el lehendakari ofreció a los partidos políticos y las instituciones vascas un pacto por los servicios y la protección social y apuntó la necesidad y urgencia de consensuar una cartera de prestaciones y la forma de financiarlas. En este punto el consejero de Empleo lanzó propuestas como hacer que la dependencia sea una contingencia de la Seguridad Social, “incidir en una reforma fiscal que genere más recursos al sistema”, o el copago “en función de los ingresos y el patrimonio de las personas usuarias de los servicios residenciales”. “Estoy convencido -dijo- de que si preguntamos a los ciudadanos si están dispuestos a pagar más impuestos para tener mejores pensiones o una atención adecuada si en el futuro tienen una situación de dependencia, la respuesta sería positiva”.
Vivienda Sobre la vivienda -“otro gran instrumento de inclusión social”- Juan Mari Aburto apostó por una política de alquiler que “posibilite a la juventud emanciparse y formar células familiares”. Reiteró que “con dinero público no se debe facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda” y también aquí planteó la cuestión de la financiación: “no se puede discutir un derecho subjetivo sin debatir cómo se va a financiar; algo tan sencillo como cuánto cuesta y quién lo paga”.
Añadió que otros retos del área de vivienda consisten en impulsar una rehabilitación sostenible que garantice accesibilidad y eficiencia energética, y la regeneración urbana.
pobreza Preguntado sobre los niveles de pobreza infantil en Euskadi, el consejero matizó que ese concepto no le gusta y que “lo que existe es pobreza en familias donde hay niños” por lo que “hay que abordar la pobreza y que eso genere una situación de mayor bienestar en los niños”. Planteó el mantenimiento del sistema de protección “como primera opción” y propuso que “el peso de los niños en el sistema sea mayor”. Adelantó que en unos pocos días se presentarán los resultados de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, un informe que revela la capacidad del sistema de ayudas para reducir el impacto de la crisis.
Aburto planteó algunos retos a los que la innovación social debe dar respuesta -como la conciliación, la baja tasa de natalidad y la incorporación de la mujer al mercado laboral- y abogó por la solidaridad -“la que se concreta en políticas sociales que garantizan la cohesión social”- y una actuación que “coloque a las personas y sus necesidades en el centro de la política”.