donostia - Agotados los dos mandatos legales, el Defensor del Pueblo Vasco deja un cargo vivido durante diez años “con pasión”. Desmiente que se esté abusando de la RGI, y asegura que si acceder a las ayudas sociales en Euskadi fuese una bicoca , “los inmigrantes habrían venido en masa, cuando no lo han hecho”. Desde la atalaya de un cargo que le ha permitido seguir la evolución de la sociedad vasca, lamenta que el miedo inoculado por la crisis “nos haya hecho más racistas”. Iñigo Lamarca eleva el tono para que la sociedad “mantenga el nivel de indignación” ante tanto delito económico. “Persígase con toda saña a esa gentuza”, enfatiza.

El desprestigio de la política parece abrir un abismo sin fondo...

-Es una cuestión en la que me voy a mojar. Resulta profundamente injusto que paguen justos por pecadores. La gran mayoría de personas que se dedican a la función pública son gente honesta. ¿Que hay casos de corrupción? Indudable, pero persígase con toda la saña a toda esa gentuza. Que sepan que quien la hace, la paga. El peso descomunal de la ley debe caerles encima. La educación en valores resulta hoy más importante que nunca. Asistimos a una relajación de los principios éticos.

¿Los inmigrantes abusan de las ayudas sociales?

-¡Qué van a abusar! Eso es una falacia como la copa de un pino. El inmigrante va allí donde hay trabajo... A veces cansa decir lo obvio, y lo obvio son los datos que tenemos a nuestra disposición.

¿Y qué demuestran?

-Si fuera verdad que los inmigrantes van allí donde hay ayudas sociales para abusar de ellas, tendríamos un porcentaje de inmigración muy elevado, de un 30 o un 40%, cuando en realidad está por debajo del 7%. España es el país europeo en el que más aumentó la población extranjera. El mercado demandaba mano de obra no cualificada en la construcción, hostelería y agricultura. Todos esos inmigrantes han ido a donde había trabajo, pero a Euskadi han venido poco, porque había poca demanda...

Mucha gente no lo percibe así.

-Pues es cierto. Estalló la crisis, y cientos de miles de inmigrantes quedaron en paro, sobre todo en la costa Mediterránea. Si fuese una bicoca acceder a las ayudas sociales en Euskadi, vendrían en masa, y no lo han hecho. El índice de inmigración en Euskadi sigue siendo bajo en relación con la media del Estado.

¿De modo que no se abusa de las ayudas?

-Puede haber algunos casos, pero hablemos del fraude que cometen también los autóctonos. La Administración ya ha dicho que está poniendo toda la carne en el asador para combatir el fraude, y nos consta que es así. Si ponemos todos los datos encima de la mesa, la conclusión es que aquellos inmigrantes que están cobrando ayudas sociales lo hacen porque tienen derecho a ello. Además tienen más requisitos que cumplir que el resto, como son los tres años de empadronamiento para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

El alcalde de Gasteiz quiere elevar ese requisito hasta los diez años...

-Es injusto. La RGI la han gestionado las diputaciones, y el PP ha tenido también la gestión en Araba de estas ayudas, y no ha habido ningún problema. No sé porqué ahora debe ser algo problemático.

¿Por qué esa obsesión en señalar a una parte del colectivo inmigrante como defraudador?

-Habrá que preguntárselo al alcalde de Gasteiz.

¿Ha tenido ocasión de hablar con él sobre este asunto?

-Sobre este asunto, no.

¿Por qué la RGI se ha convertido en arma arrojadiza?

-Desde enero de 2012 es Lanbide la que gestiona la RGI. Se dio ese paso para vincular de manera estrecha la percepción de las ayudas sociales con el empleo. Durante ese cambio incidieron de manera muy negativa dos elementos. Por un lado, el estallido de la crisis, que provocó un aumento espectacular de solicitudes de RGI. Coincidió en el mismo tiempo que Lanbide renacía con la transferencia del INEM, y todo ello provocó un colapso. El primer semestre de 2012 fue un colapso total...

Fue un problema en la gestión, pero no se señalaba como ahora a ningún colectivo en concreto...

-El problema es que la propia crisis ha traído consigo un empobrecimiento de muchos sectores sociales. Hay personas que se han empobrecido, están pasando muchos apuros a fin de mes. Pese a ello, hay casos en los que estas personas no cumplen los requisitos, y de ahí se produce un salto muy fácil. Te dicen: “oye, pero si yo conozco inmigrantes que están percibiendo esas ayudas. ¿Ellos tienen derecho y yo no?”. Te dicen que es una injusticia, “porque primero estamos los de aquí”.

¿Hoy en día quién es el de aquí?

-Es un concepto muy peligroso. ¿El que ha nacido en Donostia? ¿En Gipuzkoa? ¿En Euskadi? ¿En España? ¿En Europa? ¿En el mundo? La crisis ha producido una recolocación a la baja de muchos sectores.

¿Si marroquíes y argelinos pudieran votar, se habría armado todo este follón?

-No lo sé. Podría especular, pero no voy a hacerlo. Ahora bien, tengo el convencimiento de que esta polémica va a tener poco recorrido, porque si hacemos un análisis sereno, en todo caso lo que habría que hacer es ampliar el manto protector de la RGI y de las ayudas sociales. En todo caso, que los árboles no nos impidan ver el bosque...

¿Qué quiere decir?

-Que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que los perceptores de RGI puedan encontrar empleo lo antes posible. No es un brindis al sol. El gran reto que tiene la sociedad vasca es la generación de empleo. Necesitamos ampliar la población activa. Para ello hace falta concertación política y social. La polémica en torno a la RGI tiene poco recorrido; el gran debate es la generación de empleo.

¿Somos más xenófobos y racistas que hace diez años?

Creo que sí. Los índices de intolerancia hacia las personas inmigrantes son, afortunadamente, bajos en Euskadi, pero se ha producido un aumento de la xenofobia en la última década. Una crisis tan aguda y permanente, con tantos nubarrones en el horizonte, genera incertidumbre y miedo. Por eso arraiga fácilmente la idea de “primero los de aquí”.

Su informe anual en el Parlamento no fue precisamente alentador...

-Es que estamos en un momento histórico muy delicado para la sociedad vasca. Hay situaciones que han venido para quedarse...

¿Cuáles?

-Hasta el estallido de la última crisis, los índices de desempleo eran bajos en Euskadi. Había amplias espectativas de estabilidad en el trabajo. Es algo que ha cambiado completamente, y no tiene visos de volver al escenario anterior. El nivel de desempleo es inferior a la media del Estado, pero habría que hacer un esfuerzo por reducirlo. Es muy preocupante e inaceptable la tasa de paro juvenil, el descenso de ingresos, los contratos a tiempo parcial...

La caza al inmigrante desatada por el alcalde de Gasteiz coincide con las peticiones de perdón diarias de sus compañeros de Madrid, salpicados por tanta corrupción. A fuerza de repetirse, uno casi deja de sorprenderse...

-Pues no deberíamos hacerlo, porque es gravísimo lo que está ocurriendo. Se está poniendo a la luz que ha habido tramas de corrupción en las que se ha metido mano al dinero público. Es uno de los crímenes más horrendos que se puedan cometer. De entrada, deberíamos mantener nuestro nivel de indignación. España tiene un gravísimo problema, y se está deteriorando a marchas forzadas la credibilidad de muchas instituciones. Es una de las cosas más graves que le puede pasar a una democracia.

¿Qué medidas defiende?

-Hace falta un endurecimiento del Código Penal. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha venido a decir poco menos que el actual Código Penal está pensado para los “roba gallinas”. ¿A qué esperan las Cortes Generales para crear una ponencia que reforme el Código Penal para endurecer radicalmente las penas relacionadas con los delitos económicos? Quien quiere meter mano en el erario público debería tener claro que el que la hace, la paga. Tiene que tener metido el miedo en el cuerpo para no cometer tanta fechoría. Para ello hacen falta leyes más duras, y poner todos los medios al servicio de la Justicia para que persigan a quienes cometen estas fechorías. Hay que dotar a la Justicia de más recursos, y mientras no se hable de esto, no me creo nada.