Gasteiz - El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, comunicó ayer de que el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide suspende cada mes 2.000 Rentas de Garantía de Ingresos (RGI) tras constatar que sus perceptores han cometido fraude o ya no cumplen los requisitos. Aburto detalló que Lanbide ha revisado entre 2012 y septiembre de 2014 un total de 194.530 expedientes, lo que ha dado lugar a 36.578 suspensiones, 6.569 extinciones y 6.996 no renovaciones. En total, 50.143 casos y una media de 2.000 resoluciones mensuales.
En este sentido, subrayó el “compromiso” de Lanbide de mejorar estos controles “sin hacerlos insoportables” para los perceptores y para no “causar atasco” en los organismos que gestionan las ayudas. Así, anunció que en las próximas semanas firmará con la Diputación de Bizkaia un convenio para intercambiar datos que no se limitará a comprobar los requisitos de acceso a las prestaciones, sino que supondrá “un chequeo masivo de datos que revelan presuntos fraudes”. Aburto tiene intención de extender este acuerdo a Araba y Gipuzkoa.
El consejero de Empleo y Políticas Sociales compareció ayer en una comisión en el Parlamento Vasco para dar explicaciones sobre el caso de las ayudas sociales que cobraba en Euskadi un yihadista después de su fallecimiento en Siria. Sobre Redouan Bensbih, el activista islámico empadronado en Barakaldo, consideró que en este caso “excepcional” Lanbide “tiene responsabilidad, pero hasta un límite”.
Explicó que aflorar este caso requería de datos que son “responsabilidad” de otras instituciones, como la información sobre las salidas al extranjero y los fallecimientos fuera de España, que corresponden al Gobierno español y al Instituto Nacional de Estadística, respectivamente. Aburto detalló que Redouan Bensbih cobró por primera la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) en enero de 2010 y que cada tres meses renovaba de forma presencial en una oficina de Lanbide su solicitud de empleo, requisito indispensable para seguir percibiendo estas prestaciones.
En abril de 2013 renovó todo su expediente tal y como exige la ley y en ese momento presentó una denuncia de pérdida de pasaporte, por lo que el personal de Lanbide no pudo verificar si había salido al extranjero.
Las renovaciones continuaron siendo presenciales hasta octubre, cuando efectuó el trámite por internet, algo que repitió en enero y abril de 2014. En las tres ocasiones Lanbide comprobó que el ordenador utilizado no estaba en el extranjero.
En enero, la Ertzaintza comunicó a Lanbide que sospechaba de que Redouan Bensbih cometía fraude, aunque “por lo ocurrido después parece que había otras cuestiones más graves”, dijo Aburto en alusión a su pertenencia a “una trama terrorista organizada”.
En abril, el presunto islamista renovó también por internet su solicitud de trabajo y en mayo Lanbide consultó la base de datos de la Dirección General de Policía (DGP), que no reveló su fallecimiento en marzo como, según recordó, publicaron varios medios de comunicación.
Ante la sospecha de fraude, ese mismo mes se reclamó su presencia en Lanbide y al no acudir se inició un expediente que concluyó al mes siguiente con la suspensión de las ayudas, aunque en junio se le pagaron porque la nómina se giró antes de que la resolución se publicara en el Boletín Oficial del País Vasco.
A principios de julio fueron detenidos en Barakaldo dos hombres por cobrar ilegalmente las prestaciones sociales concedidas a Redouan Bensbih. La cuenta bancaria está ahora bloqueada por lo que “se recuperará parte del dinero pagado indebidamente”, una cantidad que oscila entre los 6.000 y los 8.000 euros. El consejero reconoció que Lanbide cometió el “error” de no revisar su expediente en febrero, al cumplirse seis meses de su última visita presencial a Lanbide. - Efe
